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Código Penal para el Estado de Nayarit

Artículo 87 del Código Penal para el Estado de Nayarit

Ordenamiento: Código Penal para el Estado de Nayarit · Ámbito: Nayarit
Última reforma: 2015-10-03

Vigencia verificada: 19 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

ARTÍCULO 87. - Las consecuencias jurídicas accesorias para las personas

jurídicas se aplicarán conforme a lo señalado a continuación:

(REFORMADA,

I.La suspensión consistirá en la cesación de toda o parte de la actividad de

la persona moral durante el tiempo que determine el juez en la sentencia,

la cual no podrá ser menor de tres meses ni exceder de cinco años. La

suspensión será comunicada por el juez de ejecución a la persona titular

del Registro Público del Estado de Nayarit para la anotación que

corresponda, y será publicada en

del Estado de Nayarit.

(ADICIONADO,

Durante la suspensión, la persona moral afectada no podrá, válidamente,

realizar nuevos trabajos, gestiones o empresas, ni contraer nuevos

compromisos, ni adquirir nuevos derechos, conforme a los fines para los que

fue constituida. Sin embargo, mientras du re la suspensión deberá cumplir

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todos los compromisos y obligaciones correspondientes y se podrán hacer

efectivos los derechos adquiridos anteriormente;

(REFORMADA,

II. La disolución consiste en la conclusión definitiva de toda actividad de la

persona jurídica, la cual no podrá volverse a constituir por las mismas

personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social

se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la

disolución y liquidación total. El juzgador designará en el mismo acto un

liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta

entonces por la persona jurídica incluyendo las responsabilidades derivadas

del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de

créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la

liquidación. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la

realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total;

III. La prohibición de realizar determinadas operaciones. Su duración podrá

ser hasta por diez años y se referirá, exclusivamente, a las operaciones

expresamente determinadas por el juez, mismas que deberán tener relación

directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la

sociedad serán responsables ante el juez del cumplimiento de esta

prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por

desobediencia a un mandato de la autoridad;

(REFORMADA,

IV. La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno

designado por el juzgador durante un periodo máximo de cinco años. Para

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realizar la designación, el juzgador podrá atender la propuesta que formulen

los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito.

(ADICIONADO,

Cuando concluya el período previsto para la administración sustituta, la

designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria

prevista por las normas aplicables a estos actos;

(REFORMADA,

V. La intervención consiste en la vigilancia y contraloría de la administración,

contabilidad o de cualquier otra actividad inherente a la persona jurídica

para su funcionamiento, y se ejercerá con las atribuciones que la ley

confiere al interventor, desde uno a cinco años;

(ADICIONADA,

VI. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá

exceder de cinco años;

(ADICIONADA,

VII. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para

contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos

fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de

quince años;

(ADICIONADA,

VIII. La multa consistirá en imponer una sanción pecuniaria a la persona

moral, con base en las reglas establecidas en este código para la

determinación del marco punible e individualización de las multas previstas

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en este código para las personas físicas, salvo que la ley fije parámetros

distintos en cualquiera de esos aspectos, respecto al delito de que se trate,

y

(ADICIONADA,

IX. Reparación de los daños y perjuicios.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a

alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio.

El Juez, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará

exactamente el contenido de la intervención y determinará quién o quiénes

se harán cargo de la intervención y en qué plazos deberán realizar informes

de seguimiento para el órgano judicial.

La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo

informe del o los interventores y del Ministerio Público. El o los

interventores tendrán derecho a acceder a todas las instalaciones y locales

de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime

necesaria para el ejercicio de sus funciones. El interventor o interventores

tendrán todas las facultades y obligaciones correspondientes al órgano de

administración de la persona jurídica y ejercerán privativamente la

administración de la misma, por todo el tiempo fijado en la sentencia y,

además podrán solicitar la declaración de quiebra o concurso de la persona

jurídica en los casos que proceda conforme a la Ley, siempre que esto sea

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indispensable para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los

acreedores.

Las penas previstas para la persona jurídica podrán incrementarse hasta la

mitad cuando ésta sea utilizada como instrumento con el fin de cometer

delitos.

La sanción impuesta a la persona jurídica de acuerdo con este Código no

extingue la responsabilidad civil en que pueda incurrir.

Fuente oficial: consultar publicación

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Versiones anteriores de este artículo

Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.

Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)

Artículo 87.- Una vez pagada la multa que sustituya la prisión, la autoridad que

conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2015)

La conmutación de la pena de prisión no libera de la suspensión de la licencia

para conducir vehículos, en caso de que se haya impuesto.

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