Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza

Artículo 158. La Justicia Constitucional Local se erige dentro del régimen interior del Estado, como un medio de control para

mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía constitucional.

(REFORMADO,

La Justicia Constitucional Local tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan

dentro del ámbito interior del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 41, 99, 10 3, 105 y 107

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la Autoridad Jurisdiccional considere en su resolución que una norma, es contraria a esta Constitución, con base en lo

establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá declarar de oficio su

inaplicabilidad para el caso concreto. En este supuesto, el Tribunal superior de Justicia revisará la resolución en los términos que

disponga la ley.

(REFORMADO,

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de Tribunal Constitucional Local conocerá, en los términos que establezca

la ley, de los medios de control siguientes:

(REFORMADA,

I. De las controversias constitucionales locales, que con excepción de las que se refieran a la materia jurisdiccional electoral

en los términos del artículo 136 de esta Constitución, se susciten entre:

1. El Poder Ejecutivo y el Legislativo;

2. El Poder Ejecutivo y uno o más Municipios del Estado;

3. El Poder Legislativo y uno o más Municipios del Estado;

4. El Poder Legislativo y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del Estado;

5. Un Municipio y otro u otros del Estado;

6. Uno o más Municipios y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del Estado;

7. Una o más entidades paraestatales y otra u otras paramunicipales del Estado.

(ADICIONADO,

8. Uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros órganos del gobierno estatal y/o municipal.

En el caso del inciso 1, la controversia sólo procederá en materia de régimen interno del Estado, sin perjuicio de lo previst o en el

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos de los incisos 2., 3. y 5., la controversia sólo procederá en los supuestos previstos en el artículo 115, fracci ón II,

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(REFORMADO,

Las controversias constitucionales locales se sujetarán a lo siguiente:

(REFORMADO,

1, Podrán promoverse por cualquiera de las partes, según la controversia de que se trate. En las que el Ejecutivo sea parte,

podrá estar representado por el titular de la Consejería Jurídica.

(REFORMADO,

El Fiscal General del Estado, podrá promover en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito

de sus funciones.

2. La controversia tendrá por objeto resolver sobre si el acto o los actos reclamados son conformes o contrarios a esta

Constitución con base en el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por vía de consecuencia declarar su validez o invalidez.

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3. Las resoluciones que pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, tendrán efectos de cosa juzgada únicamente respecto

de las partes que intervinieron en la controversia. Sólo en los casos en que se forme jurisprudencia local tendrá efectos

generales.

4. La ley establecerá el procedimiento a que deberán sujetarse las partes para dirimir la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad local que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma o

acuerdo de carácter general y esta Constitución, las que deberán resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(REFORMADO,

Las acciones de inconstitucionalidad se sujetarán a lo siguiente:

1. Se podrán promover en forma abstracta por:

(REFORMADO, DE ABRIL DE 2012)

a) El Ejecutivo del Estado por sí o por conducto de quien le represente legalmente.

b) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Poder Legislativo.

c) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de los Ayuntamientos o Concejos Municipales.

d) El organismo público autónomo, por conducto de quien le represente legalmente.

(REFORMADO,

e) El Fiscal General del Estado, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus

funciones.

(REFORMADO,

f) Los partidos políticos nacionales y estatales con registro debidamente acreditado ante la autoridad electoral que

corresponda, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el Congreso

del Estado.

2. Se ejercitarán dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, o en su

defecto, de que se tenga conocimiento de la misma.

3. Procederán contra:

a) Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del Estado o la Diputación Permanente.

b) Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás normas administrativas de carácter general expedidas por el poder

Ejecutivo, organismos públicos autónomos y demás entidades públicas con facultad reglamentaria.

c) Los bandos de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general, expedidas por los Ayuntamientos o Concejos Municipales.

d) Las normas de carácter general que expidan los organismos públicos autónomos.

e) Las demás normas de carácter general, salvo las que dicte el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

f) La omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o reglamentaria.

4. Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas

con efectos generales, siempre que fueren aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros y tendrá efectos de cosa

juzgada en los términos que establezca la ley.

(DECRETO 261, ADICIONADA, ONADA,

III. Del juicio local para la protección de los derechos humanos, el cual procederá en forma subsidiaria:

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1. Contra actos u omisiones de una autoridad responsable que presuntamente haya violado el interés jurídico, legítimo o

difuso de una persona que pretenda la protección de sus derechos humanos previstos en esta Constitución, las Cartas

de Derechos y sus Protocolos Adicionales;

2. Contra actos de una autoridad responsable que omita o niegue en forma indebida aceptar una recomendación o informe

de violaciones de derechos humanos emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, o

habiéndola aceptado no realice todo lo necesario para reparar en forma efectiva las violaciones cometidas;

3. Contra actos de una autoridad responsable que presuntamente viole de manera grave los derechos humanos, con el

objeto de fincar las declaratorias de responsabilidad oficial que correspondan;

4. Contra actos arbitrarios de un particular que ejerza una función o servicio público, o bien, realice actos de poder privado

arbitrario que afecten el interés general de los derechos o dañe o ponga en riesgo real e inminente el disfrute de los

derechos humanos, siempre y cuando en todos los casos se requiera de una tutela inmediata y efectiva;

5. Para resolver las opiniones consultivas sobre proyectos de ley o de normas vigentes;

6. Para resolver las acciones derivadas de violaciones graves a los derechos humanos, a fin de garantizar el derecho a

una reparación integral en los términos que establezca esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos

Adicionales;

7. Contra la omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o reglamentaria que vulnere la protección

efectiva de los derechos humanos;

8. Para resolver de la cuestión de constitucionalidad local cuando cualquier juez o autoridad tenga duda sobre la

inaplicación de esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, por la no conformidad con las

normas constitucionales locales;

9. Para resolver, en casos de extrema gravedad y urgencia, las medidas provisionales que se consideren pertinentes para

evitar daños irreparables a las personas en sus derechos y libertades fundamentales. Si se tratare de asuntos que aún

no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Coahuila;

10. En todos los demás casos locales de importancia y trascendencia constitucional en cualquier materia de derechos

humanos, conforme lo disponga la ley.

11. En todo caso, el Tribunal Constitucional Local podrá ejercer un escrutinio flexible para decidir conforme a la prueba de

relevancia constitucional la procedencia del juicio local de protección de derechos humanos. También podrá establecer

acuerdos generales para facilitar la aplicación e interpretación de sus precedentes a todos los tribunales y autoridades

estatales y municipales.

(ADICIONADO,

La única vía para plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos o acuerdos legislativos en materia electoral, es la pre vista en

este artículo, sin perjuicio del control difuso que ejercerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial en los términos de e sta

Constitución.

(REFORMADO,

La Justicia Constitucional Local se regirá por la jurisprudencia local, salvo los casos de prevalencia de la jurisprudencia federal.

(ADICIONADO,

TÍTULO SEXTO.

El Municipio Libre

(ADICIONADO,

CAPÍTULO I.

Bases Fundamentales.

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(ADICIONADO,