Artículo 99

artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio

precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones

que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o

particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal

aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba

sancionar penalmente por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito a los

servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,

por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen

justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la

propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Párrafo reformado DO 13-03-2020

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o

comisiones, o por intervenir en actos de corrupción. Dichas sanciones consistirán

en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos

que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

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169

Párrafo reformado DO 13-03-2020

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la

Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Yucatán. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán

conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo

previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de

las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos

internos de control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de

prescripción no serán inferiores a siete años.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de

control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para

sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia

y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada

en Combate a la Corrupción.

Párrafo reformado DO 14-11-2019

IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán impondrá a

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170

los particulares que intervengan en actos de corrupción o vinculados con faltas

administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las

sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los

daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos

estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos

de esta fracción cuan do los actos vinculados con hechos de corrupción o con

faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a

nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También

podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la

sociedad respectiva cuando se trate de actos de corrupción o faltas

administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes

públicos estatales o municipales, siempre que dicha sociedad obtenga un

beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración,

de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad

es utilizada de manera sistemática para vincularse con actos de corrupción o faltas

administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la

resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la

investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u

omisiones.

Fracción reformada DO 13-03-2020

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las

fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos

veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso

respecto de las conductas a las que se refiere este artículo.

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171

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía

de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los

procedimientos para que les sea entregada dicha información.

artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio

precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones

que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o

particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal

aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba

sancionar penalmente por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito a los

servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,

por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad

de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públic os por los

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o

comisiones, o por intervenir en actos de corrupción. Dichas sanciones consistirán

en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos

que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones .

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la

Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Yucatán. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y

resueltas por los órganos internos de control.

139

Para la in vestigación, s ubstanciación y s anción de las res ponsabilidades

administrativas de los miembros del P oder Judicial del Estado, se observará lo

previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de

las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos

internos de control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de

prescripción no serán inferiores a siete años.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de

control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar

actos u o misiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para

sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y

aplicación de recu rsos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán impondrá a los

particulares que intervengan en actos de corrupción o vinculados con faltas

administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las

sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obr as públicas; así como el resarcimiento de los daños

y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o

municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta

fracción cuando los actos vinculados con hechos de corrupción o con faltas

administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o

representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá

ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad

respectiva cuando se trate de actos de corrupción o faltas administrativas graves

que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o

140

municipales, siempre que dicha sociedad obtenga un beneficio económico y se

acredite pa rticipación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus

socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera

sistemática para vincularse con actos de corrupción o faltas administrativas graves;

en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las

sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en

las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse

dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso

respecto de las conductas a las que se refiere este artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía

de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los

procedimientos para que les sea entregada dicha información.

Podrán ser sujetos de juicio político los diputados locales en

funciones; las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de los

Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Tribunal de Disciplina

Judicial, las personas integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial;

el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta do de Yucatán; el

consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Yucatán; los magistrados del Tribunal Electoral del

Estado de Yucatán; los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Yucatán; la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Yucatán; la persona titular de la Agencia de Transporte

de Yucatán; la persona titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y

Económica del Esta do de Yucatán; la persona titular de la Fiscalía General del

Estado de Yucatán; las personas titulares de las dependencias de la

Administración Pública estatal y los directores generales o sus equivalentes de la

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Administración Pública paraestatal; y los presidentes municipales.

Párrafo reformado D.O. 05-03-2025/ DO 04-07-2025, 21-07-2025

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su

inhabilitación para desempeñarse.

En caso de conocer de la acusación, el Congreso del Estado, eri gido en

Gran Jurado, dictará la sanción correspondiente mediante la resolución de la

mayoría absoluta de los miembros presentes, una vez practicadas las diligencias

correspondientes y con audiencia del acusado.

Cuando al Congreso del Estado le sea comunicado, con efecto de

notificación, la resolución que dicte la Cámara de Senadores con motivo del Juicio

Político a que estuvo sujeto el Gobernador del Estado en los términos del artículo

110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter

del Órgano Ejecutor procederá a aplicar la sanción correspondiente; pero cuando

lo estime procedente solicitará a la Cámara de Senadores las aclaraciones que

juzgue pertinentes, antes de ejecutar la sanción.

Las declaraciones y resoluciones de la Legislatura del Estado son

definitivas.

Artículo 100.-