Artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 110. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad

frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 111 de

esta Constitución, a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando

en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que

incurra en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación

penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante

el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona,

aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos,

cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras

penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas

sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios

económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría

Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda y serán

resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Las demás

faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos

internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto

en el Código de Organización del Poder Judicial, sin perjuicio de las atribuciones del

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado en materia de fiscalización

sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las

faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)

Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que

determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran

constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las

que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas;

revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales

y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran

ser constitutivos de delito ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción a que se refiere

esta Constitución.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

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IV. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas impondrá a los

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios

u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la

Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales. Las personas morales

serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con

faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre

o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la

sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen

perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre

que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus

órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se

advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas

administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la

resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la

investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones

anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una

sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación

de elementos de prueba, podrá formular denuncia, respecto de las conductas a las que

se refiere el presente artículo, conforme lo señale la ley respectiva.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación

y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán

oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia

fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión

de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea

entregada dicha información.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)

La Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control de los entes

públicos, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía de Combate a la Corrupción

y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las

bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)