Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 112. Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley Penal

cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; las Magistrad as,

Magistrados del Tribunal Superior de Justic ia; Magistradas y Magistrados del Tribunal

de Disciplina Judicial, las personas integrantes del Pleno del Órgano de Administración

Judicial; el Fiscal General del Estado; los Consejeros Electorales y el Secret ario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Pa rticipación Ciudadana; los Presidentes,

Síndicos y Regidores Municipales; los miembros de los organismos a los que esta

Constitución les otorga autonomía; y el Auditor Superior del Estado; el Congreso del

Estado o en su caso la Comisión Permanente erigidos en jurado declarará por dos

tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por

mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este

precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el

acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los

tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá

reasumir su función. Si la sentencia fuese con denatoria y se trata de un delito cometido

durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En caso

negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que

la impu tación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la

imputación. No será necesaria la declaración de procedencia a que este precepto se

refiere, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción.

Cuando el Gobernador del Estado; los Diputados al Congreso del Estado; y, las

Magistradas, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Magistradas y Magistrados

del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas integrantes del P leno del Órgano de

Administración Judicial, incurran en delitos federales, recibida que sea la declaratoria de

procedencia a que se contrae el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado erigido en jurad o, por los dos terc ios de los

votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría

relativa cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la procedencia o

no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado de su cargo,

en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. Si la sentencia

fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En caso negativo la

solicitud de declaratoria de proc edencia se desechará de plan o, sin perjuicio de que la

imputación por la comisión de delito continúe su curso cuando el inculpado haya

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la

imputación. No será necesaria la de claración de procedencia a q ue este precepto se

refiere, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal y,

tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o

cause daños o perjuici os pa trimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro

obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir los perjuicios causados por

su conducta ilícita.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)