Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 32. Los partidos políticos nacionales y locales que mantengan su registro y

alcancen el tres por ciento de la votación en la elección para Diputados inmediata

anterior, recibirán financiamiento público local para sus actividades ordinarias

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos locales se fijará anualmente en los términos

establecidos por la Ley General de Partidos Políticos. El financiamiento público local

para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos

políticos nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos

inscritos en el padrón electoral del Estado de Chiapas, por el treinta y dos punto cinco

por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El relativo a las

actividades ordinarias deberá ser entregado en tiempo y forma en los primeros días de

cada mes, mientras que el tendiente a la obtención del voto, antes del periodo de

campaña que corresponda.

Dicho financiamiento público formara parte del presupuesto del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, más no de su patrimonio, por lo que éste no podrá alterar el

cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)

Los partidos políticos deberán destinar por lo menos el seis por ciento de su

financiamiento público ordinario anual a actividades de formación y capacitación para

desarrollar el liderazgo político de las mujeres, y por lo menos el dos por ciento para

desarrollar la participación política de los ciudadanos de los pueblos originarios.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos se realizará conforme a los

principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo que

determine la ley.

Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al

erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan

adquirido con recursos provenientes del financiamiento público estatal. La Ley

establecerá los procedimientos de liquidación y devolución de los bienes.