Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Artículo 109
Vigencia verificada: 6 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 109.- El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisi ones. El Pleno será
la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia
los asun tos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de
investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hech os que las leyes señalen
como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las pers onas servidoras
públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los
principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los
asuntos que la ley determine.
El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a
través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes, que fungirán como autoridad
substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus reso luciones podrán ser
impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayoría de cuatro votos, en los términos que señale la
ley. Las decisiones del Tribunal ser án definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni
recurso alguno en contra de estas.
El Tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar
al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la
recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documen tación, realizar
inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar
medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que
determinen las leyes.
El Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin
perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras
electas por voto popular ante el Congreso del Estado.
Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación , suspensión, sanción económica,
destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán ser removidos en los
términos del Título Séptimo de esta Constitución.
El Tribunal evaluará el desempeño de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y de Juezas
y Jueces del Poder Judicial que resulten electos en la elección local correspondiente durante su
primer año de ejercicio , y aplicará pro gramas de capacitación y actualización permanente, para lo
cual podrá coordinarse con las instituciones de formación judicial que determine la ley . La ley
establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a los procesos de evaluación que
correspondan.
La ley señalará los criterios, metodologías, etapas, áreas intervinientes en los procesos de evaluación
y seguimiento de resultados, garantizando la transparencia, imparcialidad y objetividad de los
procesos de evaluación y de las personas evaluadoras, así como los pr ocedimientos para ordenar las
siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación correspondiente resulte
insatisfactoria:
a) Medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y ot ras tendientes a
reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una
nueva evaluación, y
b) Cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las
medidas correctivas ordenadas os e niegue a acatarlas, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de
hasta un año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de
suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y
motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el Poder Judicial.
Los conflictos entre el Poder Judici al del Estado de México y sus personas servidoras públicas, serán
resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- GOBERNADOR DE UN ESTADO. EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LAS CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, (92)
- GOBERNADOR DE UN ESTADO. EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LAS CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, (P./J. 3/2011)
- GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL EXIGIR COMO REQUISITO PARA OCUPAR ESE CARGO UN TIEMPO N (93)
- GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL EXIGIR COMO REQUISITO PARA OCUPAR ESE CARGO UN TIEMPO N (P./J. 2/2011)
- MUJERES, PUEDEN SER NOTARIOS. (s/clave)
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (reforma publicada en el DOF el 2026-09-25)
Artículo 109.- El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones.
El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y
resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar
oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos
relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar
medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas
que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia
o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o
excelencia, además de los asuntos que la ley determine.
El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en
primera instancia a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes,
que fungirán como autoridad substanciadora y resolutora en los asuntos de su
competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá
por mayoría de cuatro votos, en los términos que señale la ley. Las decisiones del
Tribunal serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso
alguno en contra de estas.
El Tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de
integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable
responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de
prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a
comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar
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medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre
otras que determinen las leyes.
El Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión
de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político
de las personas juzgadoras electas por voto popular ante el Congreso del Estado.
Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión,
sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán ser
removidos en los términos del Título Séptimo de esta Constitución.
El Tribunal evaluará el desempeño de las Magistradas y Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, Juezas y Jueces del Poder Judicial que resulten electas en la
elección local que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley
establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.
La ley señalará las áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento
de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas
evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas
correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria:
a) Medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras
tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a
cuyo término se aplicará una nueva evaluación, y
b) Cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación
que derive de las medidas correctivas ordenadas o se niegue a acatarlas, el Tribunal
podrá ordenar su suspensión de hasta un año y determinar las acciones y
condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión sin acreditar
satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y
motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el
Poder Judicial.
Los conflictos entre el Poder Judicial del Estado de México y sus personas
servidoras públicas, serán resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial.
(REFORMADO, G.G. 6 DE ENERO DE 2025)
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