Artículo 81

ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de

Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes:

(REFORMADA,

I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de

autoridades que vulneren los derechos humanos consagrados en esta

Constitución;

II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de

carácter general que violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y

que susciten entre:

a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado;

b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal;

c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal;

d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes,

siempre que no se trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal

caso, la decisión corresponderá al Congreso; y,

e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal,

incluidos los presidentes de comunidad.

III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas

de carácter general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee

violación abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones

corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder

Legislativo del Estado;

b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

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c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala;

(REFORMADO,

d) A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los

asuntos relativos a las funciones de ese Ente, e

(REFORMADO,

e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público

local electoral, en asuntos de la materia electoral.

IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas

de carácter general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y

en las que se plantee violación abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas

acciones corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo

Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes de comunidad;

b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o

Concejo Municipal que haya expedido la norma impugnada;

c) Al Gobernador del Estado;

d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

e) A las Universidades Públicas estatales; y,

(REFORMADO,

f) A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los

asuntos relativos a las funciones de ese Ente.

V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de

inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a

los términos siguientes:

a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de

treinta días naturales, contados a partir de aquél en que la parte actora haya

tenido conocimiento del acto o norma jurídica que pretenda impugnar;

b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa

días naturales, contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se

desea impugnar, haya sido publicada en el

Estado;

c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la

ejecución de los actos materiales que se impugnen, salvo que con ello se

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cause mayor perjuicio al interés público, a criterio del órgano de control

constitucional.

Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de

competencia constitucional o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la

suspensión de la aplicación de la norma;

(REFORMADO,

d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia

constitucional, cuando versen sobre normas jurídicas y las acciones de

inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por mayoría de cinco

magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en

caso contrario se desestimará la impugnación;

(REFORMADO,

e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones

que versen sobre normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco

Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se suspenderá la sesión y se

convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, se

llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum,

informando de ello al Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda

de sus funciones a los ausentes;

f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado

ponente, podrán ser recurridos ante el Pleno del Tribunal.

Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su

sentido, son irrecurribles;

(REFORMADO,

g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del

Poder Judicial y un extracto de las mismas en el

del Estado;

h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la

autoridad omisa será destituida por el mismo pleno; e,

i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características

del funcionamiento y atribuciones del Tribunal de Control Constitucional.

VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador

y Ayuntamientos o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas

jurídicas de carácter general, a que estén obligados en términos de las

Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y de las

Leyes.

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El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y

municipales, así como a las personas residentes en el Estado.

Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director

del

celebrará una audiencia de pruebas y alegatos e inmediatamente después se

dictará la resolución correspondiente. De verificarse la omisión legislativa, se

concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para expedir

la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de

responsabilidad.

En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d),

e), f), g) e i), de la fracción anterior.

(ADICIONADA,

VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos

jurisdiccionales cuando consideren de oficio o a instancia de parte, en algún

proceso, que una norma con carácter general, aplicable al caso, de cuya validez

dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los términos que

establezca la ley.

(REFORMADO,

ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de

Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes:

(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008)

I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de

autoridades que vulneren los derechos humanos consagrados en esta

Constitución;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Pág. 56

II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de

carácter general que violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y

que susciten entre:

a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado;

b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal;

c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal;

d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes,

siempre que no se trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal

caso, la decisión corresponderá al Congreso; y,

e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal,

incluidos los presidentes de comunidad.

III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas

de carácter general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee

violación abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones

corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder

Legislativo del Estado;

b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala;

(REFORMADO, P.O. 21 DE MAYO DE 2024)

d) A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los

asuntos relativos a las funciones de ese Ente, e

(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015)

e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público

local electoral, en asuntos de la materia electoral.

IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas

de carácter general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y

en las que se plantee violación abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas

acciones corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo

Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes de comunidad;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Pág. 57

b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o

Concejo Municipal que haya expedido la norma impugnada;

c) Al Gobernador del Estado;

d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

e) A las Universidades Públicas estatales; y,

(REFORMADO, P.O. 21 DE MAYO DE 2024)

f) A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los

asuntos relativos a las funciones de ese Ente.

V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de

inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a

los términos siguientes:

a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de

treinta días naturales, contados a partir de aquél en que la parte actora haya

tenido conocimiento del acto o norma jurídica que pretenda impugnar;

b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa

días naturales, contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se

desea impugnar, haya sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado;

c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la

ejecución de los actos materiales que se impugnen, salvo que con ello se

cause mayor perjuicio al interés público, a criterio del órgano de control

constitucional.

Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de

competencia constitucional o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la

suspensión de la aplicación de la norma;

(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015)

d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia

constitucional, cuando versen sobre normas jurídicas y las acciones de

inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por mayoría de cinco

magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en

caso contrario se desestimará la impugnación;

(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015)

e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones

que versen sobre normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco

Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se suspenderá la sesión y se

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Pág. 58

convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, se

llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum,

informando de ello al Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda

de sus funciones a los ausentes;

f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado

ponente, podrán ser recurridos ante el Pleno del Tribunal.

Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su

sentido, son irrecurribles;

(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008)

g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del

Poder Judicial y un extracto de las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado;

h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la

autoridad omisa será destituida por el mismo pleno; e,

i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características

del funcionamiento y atribuciones del Tribunal de Control Constitucional.

VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador

y Ayuntamientos o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas

jurídicas de carácter general, a que estén obligados en términos de las

Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y de las

Leyes.

El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y

municipales, así como a las personas residentes en el Estado.

Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director

del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se

celebrará una audiencia de pruebas y alegatos e inmediatamente después se

dictará la resolución correspondiente. De verificarse la omisión legislativa, se

concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para expedir

la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de

responsabilidad.

En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d),

e), f), g) e i), de la fracción anterior.

(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008)

VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos

jurisdiccionales cuando consideren de oficio o a instancia de parte, en algún

proceso, que una norma con carácter general, aplicable al caso, de cuya validez

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Pág. 59

dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los términos que

establezca la ley.

(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008)