Artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 62. El Tribunal de Disciplina Judicial será el órgano del Poder

Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión para el ejercicio

de sus funciones, encargado de conducir la vigilancia y disciplina de todos

sus miembros, incluyendo Magistradas, Magi strados, Juezas y Jueces de

Primera Instancia, y garantizará la independencia judicial en su actuar.

Lo anterior, mediante los procedimientos de evaluación del desempeño

jurisdiccional y seguimiento de resultados, así como de responsabilidad

administrativa, a través de los cuales se podrán investigar y sancionar las

conductas denunciadas.

(REFORMADO, TERCER PÁRRAFO; G.O. 13 DE ENERO DE 2025)

El Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por cinco Magistraturas,

conforme al procedimiento establecido en la ley.

(REFORMADO, CUARTO PÁRRAFO; G.O. 13 DE ENERO DE 2025)

Para ser elegibles Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina

Judicial, las personas deberán reunir los requisitos señalados en el artículo

58 de esta Constitución y haberse distinguido por su capacidad

profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada

y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada tres años se renovará

la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de

votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva,

correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial

ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su

encargo solo podrán ser removidos en los términos del Título Quinto de

esta Constitución, o por retiro forzoso.

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en Comisiones

unitarias.

Las Comisiones conocerán de los asuntos en primera instancia. El Pleno

conocerá de los asuntos en segunda instancia. La ley establecerá los

procedimientos respectivos.

Las Comisiones serán las autoridades substanciadoras y resolutoras de los

asuntos de su competencia en primera instancia. Sus resoluciones podrán

ser impugnadas ante el Pleno.

El Pleno será la autoridad substanciadora de los asuntos en segunda

instancia. Las decisiones del Pleno se tomarán por mayoría de votos en los

términos que señale la ley. Las decisiones del Pleno serán definitivas e

inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra

de estas.

El Tribunal contará con una Unidad de Investigación encargada de integrar

y presentar a la Comisión competente los informes de probable

responsabilidad de los servidores públicos investigados. Para ello, la

unidad podrá realizar la actividad probatoria que considere relevante,

como ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; requerir

información y documentación; realizar inspecciones; llamar a comparecer

y apercibir personas para que aporten elementos de prueba; entre otras

que determinen las leyes.

En los términos que establezca la ley, el Tribunal de Disciplina Judicial

conducirá y substanciará sus procedimientos de manera pronta, completa,

expedita e imparcial.

El Tribunal de Disciplina Judicial podrá ordenar el inicio de las

investigaciones de manera oficiosa o por las denuncias que cualquier

persona presente.

De igual forma, el Tribunal de Disciplina Judicial, podrá ordenar medidas

cautelares o de apremio; y sancionar a las personas servidoras públicas

cuyos actos u omisiones atenten en contra de la administración de justicia

o cualquiera de los principios de objetividad, imparcialidad, independencia,

profesionalismo, excelencia y pronta impartición de justicia en los términos

que fijen las leyes.

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación,

suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las

personas servidoras públicas.

El Tribunal podrá dar vista al ministerio público competente ante la posible

comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras,

solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto

popular ante el Congreso del Estado.

(REFORMADO G.O.E., DEL 24 DE JULIO 2026 TOMO EXT. V)

El Tribunal evaluará el desempeño de las Juezas y Jueces que resulten

electas en la elección estatal que corresponda durante su primer año de

ejercicio y aplicará programas de capacitación y actualización permanente,

para lo cual podrá coordinarse con la E scuela Judicial Veracruzana o su

equivalente. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores

aplicables a los procesos de evaluación que correspondan.

(REFORMADO G.O.E., DEL 24 DE JULIO 2026 TOMO EXT. V

La ley señalará los criterios, metodologías, etapas, áreas intervinientes en

los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la

transparencia, imparcialidad y objetividad de los procesos de evaluación y

de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las

siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación

correspondiente resulte insatisfactoria:

a. Medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de

capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o

competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una

nueva evaluación, y

b. Cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la

evaluación que derive de las medidas correctivas ordenadas o se niegue

a acatarlas, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año y

determinar las acciones y condiciones para su restitución.

Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la

evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y motivada la

destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el

Poder Judicial.

El órgano de administración judicial contará con independencia técnica y

de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del

Poder Judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en

distritos judiciales, adscripción de Juezas y Jueces de Primera Instancia,

competencia territorial, así como especialización por materias de los

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial; el ingreso y ascenso del

personal de carrera, así como su formación, promoción y evaluación de

desempeño; y las demás que establezcan las leyes.

(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2025)

El Pleno del Órgano de Administración Judicial se integrará por cinco

personas, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por

conducto de la persona titular de la Gubernatura del Estado; una por el

Congreso del Estado mediante votación calificada de dos terceras partes

de los miembros presentes; y tres por el Pleno del Tribunal Superior de

Justicia. La Presidencia del Órgano durará tres años y será rotatoria, en

términos de lo que establezcan las leyes.

(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2025)

Quienes integren el Pleno del Órgano de Administración Judicial durarán

en su encargo seis años improrrogables.

Las y los integrantes del órgano de administración judicial deberán ser de

nacionalidad mexicana por nacimiento con residencia efectiva de cinco

años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

contar con experiencia profesional mínima de cinco años; y contar con

título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración,

contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades

del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de cinco

años; y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por delito doloso

con sanción privativa de libertad, ni aparecer en los padrones de personas

deudoras alimentarias morosas o declaradas responsables de violencia

familiar, violencia política o violencia de género.

Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de

administración sólo podrán ser removidas en los términos del Título Quinto

de esta Constitución. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva

de alguna de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un

nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación

respectivo.

La ley establecerá las bases para la formación evaluación, certificación y

actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de

la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia,

objetividad, imparcialidad, pro fesionalismo, independencia y paridad de

género.

(ADICIONADO G.O.E., DEL 24 DE JULIO 2026 TOMO EXT. V)

El órgano de administración judicial podrá conceder licencias sin goce de

sueldo a las Juezas y los Jueces de Primera Instancia, cuando excedan de

un mes; las cuales deberán justificarse.

(ADICIONADO G.O.E., DEL 24 DE JULIO 2026 TOMO EXT. V)

En caso de defunción, renuncia, destitución o ausencia definitiva de las

personas juzgadoras, el Tribunal u órgano respectivo declarará vacante el

cargo, el cual deberá renovarse para un nuevo periodo en la elección

inmediata posterior que corresponda.

(ADICIONADO G.O.E., DEL 24 DE JULIO 2026 TOMO EXT. V)

Las personas juzgadoras que aspiren a un cargo de elección distinto al que

ostenten deberán separarse del cargo mediante renuncia expresa e

irrevocable, la cual informarán al órgano de administración judicial antes

de su registro en el proceso correspondiente. El órgano de administración

judicial comunicará de inmediato la vacante a la autoridad competente

para que el cargo sea sujeto a elección.