Artículo 19 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

Artículo 19. Para la formulación, conducción, aplicación y evaluación de la política ambiental y sus instrumentos, las autoridades estatales y municipales observarán los siguientes criterios: Prioridad ambiental y tutela de la naturaleza: Garantizar la prevalencia de la integridad funcional de los ecosistemas y sus procesos biológicos, priorizando siempre la medida, acción o interpretación que otorgue la protección más amplia al medio ambiente, siempre y cuando esto no afecte los derechos de identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias o equiparables; Resiliencia climática e intergeneracionalidad: La gestión de los recursos naturales deberá asegurar que se mantenga el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, mediante acciones de mitigación, adaptación y demás que fomenten la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Supremacía del Interés Público: Ningún interés particular o beneficio económico privado podrá anteponerse al derecho humano a un medio ambiente sano, ni a las medidas reconocidas para garantizar su protección. Primacía de la prevención: Privilegiar la prevención sobre la restauración, y esta última a la compensación. Las autoridades ambientales deberá actuar de oficio para evitar el daño o deterioro ambiental, considerando la prevención como el mecanismo más eficaz para salvaguardar el patrimonio natural del Estado. Corresponsabilidad y externalidades: Obligar a quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente a prevenir, minimizar y reparar los daños causados, así como a asumir los costos y la responsabilidad total de las afectaciones directas e indirectas, evitando su propagación. Aprovechamiento sustentable y regenerativo: Asegurar que el uso de recursos naturales renovables sea proporcional a su tasa de renovación, así como la sustitución progresiva de los recursos no renovables para evitar su agotamiento. Enfoque Ecosistémico y de paisaje: Considerar los servicios ambientales y la conectividad de los ecosistemas, así como el valor del paisaje como patrimonio social, cultural y recurso fundamental de la identidad sudcaliforniana. Justicia Ambiental y Social: Orientar la política ambiental a la erradicación de la pobreza y a garantizar la soberanía alimentaria, así como a una distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales de las obras y actividades que se lleven a cabo en el territorio, respetando los derechos, saberes y formas de vida de las comunidades indígenas, originarias o equiparables. Congruencia y rigor técnico: Considerar criterios de fragilidad, vulnerabilidad, capacidad de carga de los ecosistemas y límites de cambio aceptable en los instrumentos y procesos de toma de decisiones sobre actividades económicas, industriales, urbanización y asentamientos humanos, conforme a las mejores técnicas y metodologías existentes. Corresponsabilidad institucional: Ninguna autoridad podrá excusarse de actuar ante un riesgo o daño ambiental. Ante el conocimiento de una hecho u omisión que afecte o pueda afectar recursos o servicios ambientales fuera de su ámbito de competencia, deberá dar aviso de inmediato a la autoridad competente, crear y activar los mecanismos de coordinación necesarios para atender la problemática y, en su caso, denunciar ante las instancias federales o locales correspondientes; Responsabilidad fuera de la jurisdicción: Asegurar que las actividades que se realicen dentro del territorio estatal o municipal no afecten los ecosistemas fuera de su jurisdicción, otorgando especial protección a los corredores biológicos y a las especies migratorias que transiten dentro del territorio, o que puedan verse afectadas por las actividades que ocurran dentro del mismo; Gobernanza, coordinación y concertación sectorial: Articular de forma transversal las políticas económicas, turísticas, agropecuarias, industriales, urbanas y de asentamientos humanos con los objetivos de esta Ley, fomentando la participación y coordinación con los sectores público, privado y social. Participación social y democracia ambiental: Garantizar que toda persona tenga acceso a información ambiental completa, oportuna y en formatos accesibles, así como a participar de forma libre, previa, informada e inclusiva, desde las etapas iniciales de los procesos de creación de instrumentos de política ambiental o de toma de decisiones ambientales que deriven de la presente Ley, fortaleciendo los mecanismos administrativos y judiciales para facilitar el acceso a la justicia ambiental, priorizando que las resoluciones que se dicten resuelvan la cuestión de fondo planteada. Gestión integral de la contaminación: Priorizar la prevención y reducción de la contaminación del aire, agua y suelo, la remediación de sitios contaminados y la transición hacia modelos de economía circular, asegurando que el crecimiento de los asentamientos humanos no rebase la capacidad de regeneración y asimilación de los ecosistemas locales. No transferencia de impactos: Evitar que las medidas y decisiones de gestión ambiental trasladen contaminantes o impactos negativos entre los diversos ecosistemas, elementos naturales, especies o servicios ambientales. Derecho a la ciudad, calidad de vida y justicia hídrica: Sujetar todo crecimiento urbano o industrial a la disponibilidad real de los recursos hídricos,a la capacidad de carga de los ecosistemas dentro del territorio y a los límites de cambio aceptables, priorizando el uso del recurso hídrico para consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso, así como garantizando la protección de los sitios de recarga de acuíferos.

CAPÍTULO II De los Instrumentos de Política Ambiental

SECCIÓN I De la Planeación Ambiental