Artículo 3 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

Artículo 3°. Para efectos de la aplicación de la política ambiental en el Estado se considera de utilidad e interés público: Garantizar el derecho de toda persona en el Estado a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como los derechos de la naturaleza, bajo el estándar de protección que establezcan la Constitución Política Federal y Estatal así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro del ámbito de competencia Estatal y Municipal; El ordenamiento ecológico del territorio del Estado, en los casos previstos por esta ley, y las demás aplicables; La protección, preservación, restauración, conservación, mejoramiento, aprovechamiento sustentable y vigilancia de los recursos naturales y los ecosistemas en el Estado, especialmente en las zonas destinadas a la conservación, humedales, sitios de recarga de acuíferos, dunas, ecosistemas frágiles, aquellos sitios de valor natural o cultural, así como aquellos procesos biológicos que prestan servicios ambientales de importancia para la sociedad; El establecimiento, protección, preservación, mejoramiento y vigilancia de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal y de las zonas de restauración ecológica; Prevenir, controlar y remediar los daños causados por la contaminación del aire, agua y suelo, en el territorio del Estado, en aquellos casos que no sea competencia de la Federación; Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen en un esquema que garantice el desarrollo sustentable y la calidad ambiental; Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven; Establecer los mecanismos de coordinación, promoción y concertación entre autoridades estatales y municipales, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental; La regulación de la responsabilidad por daños al ambiente y el establecimiento los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos; El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, frente al peligro de deterioro grave o extinción, cuando la competencia recaiga en el Estado o los Ayuntamientos; La evaluación del impacto y riesgo ambiental de las obras o actividades que se pretendan realizar y no sean competencia de la Federación; La evaluación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, a participar en los procesos de toma de decisiones para la preservación del patrimonio natural y la protección al ambiente, así como facilitar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, bajo el estándar de protección que establezca la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro del ámbito de competencia Estatal y Municipal; La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, garantizando la participación ciudadana; Regular y vigilar los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de su respectivo ámbito de competencia, conforme a la Ley General de la materia y la Ley de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur. La protección, ordenamiento y gestión del paisaje como un elemento cultural, ambiental y social que constituyen un recurso fundamental para la actividad económica y la consolidación de la identidad sudcaliforniana. Las modalidades a la propiedad pública y privada, con el objeto de establecer limitaciones y restricciones a la afectación de los recursos naturales y al medio ambiente. Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales y las metas nacionales en materia ambiental, climática y de desarrollo sostenible. Diseñar políticas públicas que consideren los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático del Estado y sus municipios. Las demás causas de utilidad pública que establezcan las leyes generales, federales y estatales de las materias afines a esta Ley.