Artículo 31 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

Artículo 31. En la formulación, evaluación, ejecución, actualización y modificación del ordenamiento ecológico deberán considerarse, por lo menos, los siguientes criterios: La naturaleza, características y distribución de los ecosistemas existentes en el territorio de su competencia; La vocación natural y la aptitud territorial de cada zona o región, en función de sus elementos naturales, recursos, procesos ecológicos, distribución de la población y actividades económicas predominantes; La capacidad de carga, amortiguamiento y regeneración de los ecosistemas, así como su fragilidad, resiliencia y conectividad; El estado de conservación, deterioro, fragmentación o restauración de los ecosistemas, elementos naturales y biodiversidad; Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de asentamientos humanos, cambio de uso del suelo, contaminación, especies exóticas invasoras y ferales, actividades económicas, infraestructura, fenómenos naturales o antropogénicos, y cambio climático; El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, así como los límites ecológicos al crecimiento urbano; El impacto ambiental, acumulativo, sinérgico, residual y climático de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación, obras y actividades públicas o privadas; Las cuencas hidrográficas e hidrológicas, acuíferos, zonas de recarga y el enfoque de cuenca en la planeación y gestión ambiental; Las áreas naturales protegidas, sus áreas de influencia y demás zonas sujetas a regímenes especiales de protección, así como las disposiciones de sus decretos y programas de manejo; Medidas para la protección de zonas adyacentes a manglares, dunas costeras y salitrales; Los objetivos de descarbonización, adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático y reducción de riesgos socioambientales, así como medidas para su atención; Soluciones basadas en la naturaleza y demás medidas que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas y de la población; El patrimonio natural, biocultural y paisajístico del Estado; Las relaciones culturales, ancestrales, espirituales y de subsistencia de los pueblos y comunidades en el territorio; Las observaciones, propuestas y evidencia técnica y comunitaria aportadas por la ciudadanía durante los procesos participativos; y La congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la Ley General, así como los diversos instrumentos de política ambiental.