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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Artículo 51 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Ordenamiento: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa · Ámbito: Sinaloa
Última reforma: 2026-10-07

Vigencia verificada: 6 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 51. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas

competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad

sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su

pleno desarrollo;

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y

para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin

discriminación;

IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa;

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para

garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;

El Gobierno del Estado incluirá en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, una partida específica para

garantizar la eficacia del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado

Deportivo y Útiles Escolares; (Adic., por Dec. No. 280, publicado en el P.O. No. 118, edición

vespertina de fecha 27 de septiembre de 2019.

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de

niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia;

VII. Establecer acciones afirmativ as para garantizar el derecho a la educación de niñas,

niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que

enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación

migratoria, orfandad o discapacidad de los padres o bien, relacionadas con aspectos de

género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; (Ref. mediante

Decreto 232, publicado en el P.O. No. 099, del 17 de agosto de 2022).

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VIII. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida ésta como el conjunto

de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen

desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo

de los educandos; (Ref. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de

mayo de 2023).

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que

constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes o que se

encuentren en las situaciones de vulnerabilidad señaladas en la fracción VIl del presente

artículo.

Las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento

de validez oficial de estudios, están obligadas a notificar a la Procuraduría de Protección,

los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifica respecto

de los alumnos que cursen educación básica y med ia superior en los centros educativos

del estado.

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 102 de la

presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin

de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; (Ref. mediante Decreto 232,

publicado en el P.O. No. 099, del 17 de agosto de 2022).

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la

discusión, debate y resolución pacífica de conflictos;

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos

para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño,

agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en su contra que se suscite en los

centros educativos;

XII. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para

el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

XIII. Garantizar el pleno respeto al derec ho a la educación y la inclusión de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo estatal,

desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las

condiciones de accesibilidad en instalaci ones educativas, proporcionando los apoyos

didácticos, materiales y técnicos. Asimismo, contando con personal docente capacitado;

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XIV. Adoptar medidas para responder a sus necesidades con aptitudes sobresalientes, de

tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades

y habilidades personales;

XV. Establecer mecanismos para su expresión y participación, conforme a su edad,

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus

intereses y preocupaciones en materia educativa;

XVI. Contribuir a garantizar su permanencia y conclusión de la educación obligatoria y para

abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana,

impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas,

sean contrarias a ésta o atenten contra su vida o su integridad física o mental;

XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra

la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

XIX. Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, inculcando en

ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas-

efectos del cambio climático; (Ref. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063,

del 24 de mayo de 2023).

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro en el acceso a las

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de los servicios de radiodifusión

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en cumplimiento de las

disposiciones que la entidad establezca sobre la protección de la salud mental. (Reformado

según Decreto No. 216, publicado en el P.O. No. 119, del 01 de octubre de 2025)

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar

campañas de difusión, concienciación y sensibilización con accesibilidad y diseño universal

al acceso de las niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable del Internet y de las

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como las consecuencias y riesgos

derivados del uso inadecuado de los mismos . (Reformado según Decreto No. 216,

publicado en el P.O. No. 119, del 01 de octubre de 2025)

XXI. Instaurar Acciones Afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y

adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema

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educativo estatal, sea de mod alidad presencial o virtual . (Reformado según Decreto No.

216, publicado en el P.O. No. 119, del 01 de octubre de 2025)

XXII. Implantar mecanismos para detectar y canalizar a los sistemas de salud

correspondientes respecto de casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención

especializada de salud mental; y (Adición según Decreto No. 216, publicado en el P.O. No.

119, del 01 de octubre de 2025).

XXIII. Efectuar acciones que brinde formación de inteligencia emocional a niñas, niños y

adolescentes. (Adición según Decreto No. 216, publicado en el P.O. No. 119, del 01 de

octubre de 2025).

Fuente oficial: consultar publicación

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