Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Artículo 83. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y

custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades

tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad, y

cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio

de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la pr esente Ley y

demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la

satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y, en la especie: (Ref. Según

Decreto No. 447, publicado en el

4 de septiembre de 2026.)

a) La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y

psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su

caso, los gastos de embarazo y parto; (Ref. Según Decreto No. 447, publicado en

el

2026.)

b) Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a las niñas,

niños y adolescentes un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias

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personales; y (Ref. Según Decreto No. 447, publicado en el

Estado de Sinaloa” No. 106, de fecha 4 de septiembre de 2026.)

c) Con relación a las niñas, niños y ado lescentes con algún tipo de discapacidad o

declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su

habilitación o rehabilitación y su desarrollo. (Ref. Según Decreto No. 447, publicado

en el

2026.)

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia, conforme a lo

que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las

disposiciones administrativas que de ella se desprenden, será el encargado de suministrar,

intercambiar, sistematizar, consultar, analizar, y actualizar la información que se genere

sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. (Adic. Según Decreto No. 447,

publicado en el

de 2026.)

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y

proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;

IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación

apropiada, y en su caso, guiar sus conductas y hábitos siempre y cuando atiendan al interés

superior de la niñez, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna

en el ejercicio de sus derechos;

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y

libre desarrollo de su personalidad, a través de la crianza positiva; (Ref. Según Decreto No.

198, publicado en el

de 2025)

VI. Fomentarles el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios,

de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan

para su desarrollo integral;

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso,

venta, trata de personas y explotación;

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VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que

menoscaben su desarrollo integral y así como de ejercer cualquier tipo de violencia en su

contra, en particular el castigo corporal y humillante como método de disciplina. El ejercicio

de la patria potestad, tutela o guarda y custodia no podrá ser justificación para incumplir la

obligación prevista en la presente fracción; (Ref. Según Decreto No. 198, publicado en

el 25)

IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o

rechazo en las relaciones entre ellos, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia;

X. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones que les conciernan de

manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y

comunicación.

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de

responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes,

atendiendo a los principios rectores de la Ley General y la presente Ley.