Artículo 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo

Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así

como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas,

niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme

a su ámbito de competencia, las siguientes:

I.- Garantizar la protección de su derecho a la salud y preservación de la vida, así como sus

derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de todas y cada una de sus

prerrogativas establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de

las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y

psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. El ordenamiento jurídico

estatal deberá prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de

apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios de manera

nutritiva, suficiente y de calidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafo cuarto de la

Constitución Política del Estado;

II.- Registrarlos dentro de los primeros cuarenta días de vida;

III.- Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y

proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;

IV.- Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a

niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el

ejercicio de sus derechos;

V.- Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre

desarrollo de su personalidad;

VI.- Fomentar en niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz, el respeto a todas las personas, así

como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad y el aprovechamiento de los

recursos que se dispongan para su desarrollo integral;

Fracción reformada, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.

VII.- Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de

Instituto de Estudios Legislativos

52

personas, explotación o mendicidad;

Fracción reformada, P.O. Alcance dos del 18 de junio de 2024.

VIII.- Abstenerse de cualquier atentando contra su integridad física, psicológica o actos que

menoscaben su desarrollo integral, así mismo, evitar ejercer cualquier tipo de violencia con la intención

de afectar directamente al menor o a otra persona con la que el menor tenga algún vínculo filial, familiar o

afectivo. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes

no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción;

Fracción reformada, P.O. Alcance cuatro del 21 de octubre de 2022.

IX.- Evitar conductas de alienación parental, o de cualquier otro tipo, que puedan vulnerar el ambiente

de respeto, la adecuada convivencia, o generar violencia, rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio, en

las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela

o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia;

Fracción reformada, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.

X.- Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de

decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y

madurez; y

XI.- Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y

comunicación.

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de responsabilidad de

quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los principios rectores de

esta Ley.

El ordenamiento jurídico estatal contendrá disposiciones para regular y sancionar las obligaciones

establecidas en el presente artículo.

Artículo 103. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y

adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las

obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa.

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la patria potestad

o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades.

Artículo 100 Bis 3 – A.