Artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas. (Durango)
Vigencia verificada: 13 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
ARTÍCULO 11. El Auditor Superior del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción y cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por
escrito, denuncia contra un servidor público ante el Congreso del Estado, por las
conductas a las que se refiere el artículo 9 de esta Ley, por lo que toca a los servidores
públicos a los que se refiere el artículo 7 de esta Ley, y en los casos que conforme a las
leyes, el Congreso resulte considerado superior jerárquico; en el caso de los
Comisionados del Sistema Local Anticorrupción, deberá observarse lo dispuesto en las
leyes federales.
Los procedimientos relativos a de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los
del Tribunal de Justicia Administrativa, serán desahogados conf orme lo establezca la
Constitución Política Local por cuanto a sus responsabilidades.
En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del estado tengan el
carácter de denunciantes, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así
lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena.
La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios
suficientes para establecer la existencia de la presunta infracción y hagan presumir la
responsabilidad del denunciado.
En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas
en posesión de una autoridad, la Comisión o en su caso, la Subcomisión de Estudio
Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas a la autoridad que las
custodie, para los efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún
efecto.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público
desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro del año siguiente después de la
conclusión de sus funciones.
Las sanciones respectivas al juicio político se aplicarán en un plazo no mayor de seis
meses, a partir de incoado el procedimiento.
El plazo de prescripción relativa a las sanciones de juicio político por motivo de violación a
la Constitución o enriquecimiento inexplicable, será de tres años.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. EL PROCEDIMIENTO Y, EN SU CASO, LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA POR EL JURADO DE SENTENCIA TRATÁNDOSE (IV.3o.A.95 A)
- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL PROMOVENTE DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD, SÍ TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA QUE SE RESUELVA Y SE LE HAGA SABER.- (397)
- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA O QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INE (I.4o.A.572 A)
- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EL PROMOVENTE DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD, SI TIENE INTERES JURIDICO PARA QUE SE RESUELVA Y SE LE HAGA SABER. (I.4o.A.31 A )
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE LA AUTORIDA (VI.1o.A.279 A)
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