Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas. (Durango)
Vigencia verificada: 13 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
ARTÍCULO 46. El Congreso del Estado de Durango, tiene competencia para instituirse
como órgano interno de control, para desarrollar los procedimientos de responsabilidad de
los siguientes servidores públicos:
I. El Gobernador del Estado, por cuanto a las faltas administrativas graves, que
ameriten juicio político, declaración de procedencia o para la aplicación de sanciones que
se deriven de faltas administrativas graves y las que devengan de la facultad de la
autoridad legislativa federal en materia de juicio político de cualquier naturaleza conforme
lo dispone la Constitución Federal;
II. Los servidores públicos, estatales y municipales, estos últimos de elección
popular, de los organismos autónomos, por infracción a los principios que rigen el
desempeño del servicio público, las omisiones de información en materia de investigación
y por conductas que deban ser investigadas y sancionadas en su carácter de superior
jerárquico conforme a las leyes vigentes, en cuanto se reclame la responsabilidad de
estos, deriven de la vista que otras autoridades ordenen, o bien, aquellas que de
conformidad a sus facultades, deban hacerse del conocimiento de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción;
III. La instauración de procedimientos relativos a las faltas no graves de carácter
administrativo de sus servidores públicos incluyendo los adscritos a sus órganos técnicos
y de apoyo, y en carácter de denunciante en el caso de faltas administrativas graves
imputables a ellos y los terceros relacionados con los mismos o a actos de los cuales
deba reclamarse responsabilidad en cualquiera de sus modalidades.
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DATOS DE PUBLICACIÓN:
DEC. 120
Los procedimientos de responsabilidad diversa, invariablemente, una vez aprobada su
incoación, deberán desarrollarse, cumpliendo con los siguientes principios procesarles:
I. Ante el señalamiento de la causa o infracción, la Comisión o en su caso, la Sub
Comisión de Estudio Previo, hará saber al imputado su derecho a la defensa y la garantía
de audiencia;
II. Es derecho del imputado comparecer personalmente o por medio de abogado ante
la autoridad legislativa instructora a efecto de ofrecer pruebas en su descargo y formular
alegatos.
III. Deberá llamarse a una audiencia de desahogo de las pruebas que sean estimadas
pertinentes para determinar el nivel de gravedad de la infracción y en la misma, el
imputado o su defensa alegará lo que a su derecho convenga.
IV. Calificada la falta o conducta infractora, previa valoración de las pruebas
desahogadas y de las constancias que integren el expediente, la Comisión propondrá al
Pleno de la Legislatura, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública;
b) Multa;
c) Suspensión de empleo;
d) Destitución;
e) Inhabilitación, en los términos de la presente ley.
La autoridad legislativa será competente para imponer una o varias de las sanciones
referidas, en el caso de gravedad manifiesta o reincidencia.
Si el procedimiento se desprendiera de la vista o solicitud generada por autoridad
competente, el resultado del procedimiento se le hará saber a la misma, con la brevedad
que el caso amerite.
CAPITULO SEXTO
DECLARACIONES DE EVOLUCIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL
Fuente oficial: consultar publicación
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-29)
ARTÍCULO 46. El Congreso del Estado de Durango, tiene competencia para instituirse
como órgano interno de control, para desarrollar los procedimientos de responsabilidad de
los siguientes servidores públicos:
I. El Gobernador del Estado, por cuanto a las faltas administrativas graves, que
ameriten juicio político, declaración de procedencia o para la aplicación de sanciones que
se deriven de faltas administrativas graves y las que devengan de la facultad de la
autoridad legislativa federal en materia de juicio político de cualquier naturaleza conforme
lo dispone la Constitución Federal;
II. Los servidores públicos, estatales y municipales, estos últimos de elección
popular, de los organismos autónomos, por infracción a los principios que rigen el
desempeño del servicio público, las omisiones de información en materia de investigación
y por conductas que deban ser investigadas y sancionadas en su carácter de superior
jerárquico conforme a las leyes vigentes, en cuanto se reclame la responsabilidad de
estos, deriven de la vista que otras autoridades ordenen, o bien, aquellas que de
conformidad a sus facultades, deban hacerse del conocimiento de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción;
III. La instauración de procedimientos relativos a las faltas no graves de carácter
administrativo de sus servidores públicos incluyendo los adscritos a sus órganos técnicos
y de apoyo, y en carácter de denunciante en el caso de faltas administrativas graves
imputables a ellos y los terceros relacionados con los mismos o a actos de los cuales
deba reclamarse responsabilidad en cualquiera de sus modalidades.
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