Artículo 228 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona

que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será

responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil

aplicable...”

V.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Agua, en el artículo 74 de la Ley Orgánica para el Congreso

del Estado de Morelos, así como en apego a la fracción II del artículo 104 del

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reglamento de la Ley en cita, se procede a analizar en lo general la iniciativa que

nos ocupa para determinar su procedencia o improcedencia:

Tomando en cuenta que la materia del presente dictamen, versa sobre la

propuesta de realizar una modificación completa a la , por lo que ésta se identifica, se

estudia y se valora d e manera general, toda vez que se trata de la modificación

casi integral de dicha Ley.

En este sentido tenemos que el derecho de toda persona a un medio ambiente

sano se encuentra reconocido en el párrafo quinto del artículo 4º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho dispositivo impone

al Estado garantizar su pleno ejercicio, por lo que todas las autoridades del estado

están conminadas a proteger, vigilar, conservar o restaurar el medio ambiente.

A nivel internacional el Protoco lo adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

también llamado “Protocolo de San Salvador”, en la Declaración de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo, de 1992 el derecho humano a un ambiente sano está reconocido.

Por su parte, el artículo 85 -D de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos, establece que toda persona tiene derecho a un medio

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, especificando en el numeral

85-E que dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Estatal se le

encomienda garantizar que el de sarrollo de la Entidad sea integral y sustentable,

para este efecto, también garantizará la conservación del patrimonio natural del

estado, la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio

ecológico a que tienen derecho los habitantes del estado.

El artículo 2 Bis, fracción VII del mismo ordenamiento legal, señala:

ARTÍCULO *2 Bis. En el estado se reconoce la presencia de sus pueblos y

comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su conformación

política y territoria l; garantizará que la riqueza de sus costumbres y tradiciones;

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territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina tradicional y acceso a recursos

naturales, así como su autonomía, libre determinación, sistemas normativos y el

acceso a la consulta, sean pre servados y reconocidos a través de la ley

respectiva. El estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de

sus pueblos y comunidades indígenas, ejercida en sus formas internas de

convivencia y organización, sujetándose al marco constitucional de autonomía que

asegure la unidad nacional y estatal.

Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases

siguientes:

VII.- En los términos que establece la Constitución Federal y demás leyes de la

materia, dentro de los ámb itos de competencia del estado y los municipios, los

pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho y obligación de salvaguardar la

ecología y el medio ambiente, así como preservar los recursos naturales que se

encuentren ubicados en sus territorios, en l a totalidad del hábitat que ocupan o

disfrutan, además tendrán preferencia en el uso y disfrute de los mismos.

El 22 de diciembre de 1999, se expide la , misma que fue publicada en el

s

reformas a lo largo del tiempo.

En mérito a lo anterior, en lo general, el proyecto según lo refiere el iniciador

pretende entre otras cosas, ajustes al texto para lleva r a cabo la actualización de

las disposiciones de nuestra , acorde con la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente; la armonización en razón de los resabi os

que se contemplan aún en la Ley de la materia vigente, para modificar la

referencia de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por la de la

Secretaría de Desarrollo Sustentable; incorporar la participación de la Comisión

Estatal de la Biodiversidad del Estado de Morelos; armonizar la Ley de la materia

de esta iniciativa con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de

Residuos, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano, La Ley General de Vida S ilvestre, así como la Ley General de

Cambio Climático; se propone además llevar a cabo una distribución secuencial

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de los artículos y capítulos que integran la Ley de mérito en razón de que existen

diversos numerales Bis, lo que invariablemente implica una modificación completa

en la ; por lo que en este sentido no hay observaciones qué hacer, en la

inteligencia de que, tanto el articulado como el texto propuesto son comprensibles.

No obstante lo anterior, es necesario entrar al estudio de dicha iniciativa en lo

particular, ya que si bien la propuesta del iniciador reconoce el derecho humano a

un medio ambiente adecuado para el sano desarrollo y bienestar social, si bien

pretende como ya se dijo armonizar y actualizar las disposiciones de nuestra Ley

con las diversas disposiciones en la materia, también lo es, que del análisis y

estudio realizado a la propuesta, se advierten disposiciones regresivas, por otra

parte, no se desprende en algunos dispositivos la armonización con el

ordenamiento Federal, es por ello, que del cúmulo de observaciones, análisis,

estudios y valoración del proyecto, que forman parte integral del expediente

formado con motivo del estudio realizado a la citada i niciativa y bajo el principio de

progresividad, no se podría legislar con criterio regresivo, tal y como se advierte de

algunos preceptos por mencionar los más relevantes, los que a continuación se

mencionan:

1.- Respecto a la sección 3, del capítulo III, denominado de la Evaluación de

Impacto Ambiental, de la iniciativa presentada, el iniciador, no armoniza la Ley del

Estado con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

puesto que contempla excepciones en el artículo 39 de su pr oyecto, lo que

conduce a concluir que su iniciativa por lo que respecta a este punto, no encuentra

conformidad con la Ley General, a este respecto la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación estableció en tesis aislada que conforme al prin cipio

de precaución, establecido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo, cuando una actividad es riesgosa para el medio

ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas indispensables para

evitarla o mitigarl a, aun cuando no existe certidumbre sobre el daño ambiental,

esto es así, dado que la evaluación de impacto ambiental es de carácter

preventivo y una condición necesaria para la implementación de cualquier

proyecto que cause un impacto al medio ambiente y consecuentemente su

ausencia representa una vulneración a este principio. La Primera Sala enfatiza

que a lo que obliga el principio de precaución es a buscar, en cada caso, las

herramientas o métodos necesarios para entender el funcionamiento de un

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ecosistema, así como de los servicios ambientales que presta. Lo anterior,

siempre con miras a garantizar su conservación a la luz del principio in dubio pro

medio ambiente.

Época: Undécima Época

Registro: 2024376

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h

Materia(s): (Administrativa, Constitucional)

Tesis: 1a./J. 10/2022 (11a.)

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. POR VIRTUD DEL

PRINCIPIO DE PRECAU CIÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL ADOPTAR

DECISIONES JURISDICCIONALES EN SITUACIONES QUE PUEDAN

PRODUCIR RIESGOS AMBIENTALES, INCLUSO ANTE LA FALTA DE

CERTEZA CIENTÍFICA O TÉCNICA AL RESPECTO.

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que

reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el

proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había

garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un

medio ambiente sano. El juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que

las quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso

recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

considera que, atendiendo al principio de precaución, es constitucionalmente

válida la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que

puedan producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza científica o

técnica al respecto, pues una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas

científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para

salvaguardar el medio ambiente.

Justificación: El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo prevé que, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados

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deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades

y, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica

absoluta no deberá utilizar se como razón para postergar la adopción de medidas

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

En este sentido, el principio de precaución constituye una herramienta

fundamental para resolver aquellas situaciones de i ncertidumbre, particularmente,

incertidumbre científica que plantea el derecho ambiental. Así, conforme al

principio referido, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es

riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas

necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el

daño ambiental. El principio de precaución tiene diferentes alcances: opera como

pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta

certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza y, en relación con la

administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o

restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente. De esta

forma, dicho principio puede fungir como motivación para aquellas decisiones que,

de otra manera, serían contrarias al principio de legalidad o de seguridad jurídica,

mientras que para el operador jurídico la precaución exige incorporar el carácter

incierto del conocimi ento científico a sus decisiones. Finalmente, es importante

mencionar que la información sobre los riesgos o daños ambientales puede ser

incierta por diversos motivos (el contexto, la elección de los indicadores, los

parámetros utilizados, errores estadíst icos, la contradicción de teorías, entre

otros); no obstante, a la luz del principio de precaución, se reconoce la posibilidad

de revertir la carga de la prueba a cargo del agente potencialmente responsable,

es decir, en virtud de este principio, el juzgad or cuenta con dicha herramienta a

efecto de allegarse de todos los elementos probatorios necesarios para identificar

el riesgo o el daño al medio ambiente.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 54/2021. 9 de febrero de 2022. Cinco votos de las Ministras

Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan

Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Secretarios: Monserrat Cid Cabell o, Víctor Manuel Rocha Mercado y Fernando

Sosa Pastrana.

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Tesis de jurisprudencia 10/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abr il de 2022 a las 10:05 horas en el

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación

obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2022, para los efectos previstos en el

punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar, que con fecha dos de marzo del

presente año, el secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del

Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo del pleno en sesión ordinaria,

turnó a la Comisión de Medio Ambient e, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa

con proyecto de Decreto por el que se derogan el inciso B) de la fracción IX del

artículo 38 y la fracción IV del artículo 41 de la , presentada por la diputada Tania

Valentina Rodríguez Ruíz, por lo que en razón de las coincidencias encontradas

con la propuesta en estudio, se considera viable adicionarlas al presente

dictamen; en este sentido, la iniciadora propone se deroguen los prece ptos

anteriormente señalados, con el propósito de preservar la biodiversidad del estado

de Morelos, para lo cual las autoridades locales deben estar obligadas a obtener el

Manifiesto de Impacto Ambiental, antes de iniciar obras públicas que puedan

afectar la naturaleza, refiere entre otras cosas, que la riqueza natural del estado

de Morelos es grandiosa, de ellos todos podemos sentirnos orgullosos y

comprometidos en su reservación. La biodiversidad que nos ha correspondido

recibir por causa de nuestro nacim iento o vecindad en esta entidad, debe

entenderse en su forma más simple, como el conjunto de organismos vivientes,

vegetales y animales que habitan de manera temporal o permanente en nuestro

territorio.

Particular relevancia para esta iniciativa tiene co nsiderar la riqueza de nuestra

fauna, pues de 32 estados, Morelos ocupa el lugar 17 por la variedad y número de

especies que aquí habitan. La , tiene por objetivo “garantizar el derecho de toda

persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar” así

como la “preservación y protección de la biodiversidad conforme a los acuerdos de

coordinación con el gobierno federal y el establecimiento de áreas naturales

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protegidas”, por lo que cuando se ve alterada se genera un impacto ambiental que

la norma define como la “modificación al ambiente ocasionada por la acción del

hombre o de la naturaleza”

Razón la anterior, por la que resulta improcedente la propuesta asentad a en el

artículo 39 y fracción IV del artículo 42 de la iniciativa que se atiende, en el sentido

de exceptuar del estudio de impacto ambiental aquellas obras o actividades

atendiendo al interés público que su realización reviste, del estado y de los

municipios, puesto que justamente los poderes del estado deben ser los

observadores y promotores del principio de legalidad y como consecuencia los

ejecutores del principio de precaución en el tema que nos ocupa.

2.- En lo que corresponde al segundo párrafo del artículo 43 del proyecto del

iniciador, agrega la palabra “interno” al reglamento en el que se detallará funciones

y procedimientos del comité; a ese respecto el Comité Técnico de Impacto

Ambiental no puede regirse por un reglamento interno propio, en raz ón de que su

naturaleza y funciones se encuentran debidamente definidas en la Ley vigente, al

establecer en el propio dispositivo que es un órgano de análisis y opinión sobre los

estudios preventivos y las manifestaciones de impacto ambiental, así como de

proposición de medidas de mitigación a los impactos negativos al ambiente

derivados de la ejecución de la obra o actividad de que se trate, luego entonces,

toda vez de que el iniciador no justifica la adición propuesta, se considera

improcedente la adición a dicho artículo, aunado al hecho de que un reglamento

interno implicaría prestarse a incorporar a discrecionalidad de dicho comité sus

funciones, siendo que hoy ya se encuentran establecidas en la propia Ley vigente

y en el reglamento de ésta, puesto que con la pretendida modificación no se daría

certeza jurídica a los gobernados sobre la función o participación de dicho comité

dentro de la evaluación de impacto ambiental.

3.- En el título cuarto, denominado “De la Participación Social e Información

Ambiental” artículo 56, fracción IV del proyecto materia de este dictamen, el

iniciador propone que la persona que asumirá la Presidencia del Consejo

Consultivo Estatal será el titular de la Secretaría y para los Consejos Municipales

será el presidente municip al, a este respecto es importante señalar que el 22 de

abril de 2021, entro en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

América Latina y el Caribe (Acuerdo de E scazú), el alcance que da este acuerdo

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abre las ventanas de la administración pública con el objetivo de dar mayor

transparencia a la información en poder de esta, incluir a la ciudadanía por medio

de su participación en la formulación de políticas pública s y en el diseño e

implementación de soluciones a problemas públicos a través de un trabajo

colaborativo entre la sociedad civil, el estado y el sector. Al respecto la Ley de

Participación Ciudadana para el estado de Morelos, prevé en su artículo 4, como

objetivos generales los siguientes:

I. Garantizar el derecho democrático de la ciudadanía a participar directamente

en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así como en

la resolución de problemas de interés general;

II. Asegurar la participación equitativa e incluyente de las mujeres morelenses a

través de los mecanismos de participación ciudadana;

III. Respetar y promover las distintas expresiones de participación de los

pueblos y comunidades indígenas en la vida cívica del estado de Morelos;

IV. Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio

legal, democrático y transparente del poder público;

V. Robustecer el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos a

la información pública, como premisa indispensable pa ra el ejercicio de los

derechos de participación ciudadana establecidos y garantizados en la presente

Ley; y,

VI. Establecer y regular los instrumentos vinculantes de participación

ciudadana.

Bajo estas consideraciones el Ejecutivo no motiva el hecho de porqu e propone

como parte de sus modificaciones a la Ley vigente, que el secretario de Desarrollo

Sustentable y los presidentes municipales asuman respectivamente la Presidencia

del Consejo Consultivo y la de los consejos municipales, pues el texto vigente

refiere que el presidente del Consejo Consultivo Estatal será electo por voto

directo de los miembros del Consejo debidamente registrados y de la misma forma

se hará para la elección del secretario técnico; luego entonces, se aplica un

criterio regresivo a dic ho ordenamiento, cabe mencionar que de las mesas de

trabajo realizadas con la sociedad civil debidamente representada, dentro de sus

argumentos manifestaron el hecho de que no se puede regresar a un derecho

legalmente conseguido, pues dicha modificación va en contra de sus derechos

humanos. Al respecto cabe mencionar, que, en el texto actual de la Constitución

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Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de progresividad se

encuentra contenido dentro del artículo primero, el cual establece lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca

Por su parte, los artículos 21 y 22 de la Convención Universal de los Derechos

Humanos textualmente establecen:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las

funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

ARTÍCULO 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la

seguridad social, y a obtener, mediant e el esfuerzo nacional y la cooperación

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Atendiendo a lo anterior y al principio de progresividad que establece que los

derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan

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gradualmente, todo derecho ganado no puede restringirse, situación por la cual se

considera improcedente la reforma propuesta.

4.- El iniciador refiere en su propuesta que en los artículos existen diversos

numerales bis, como son el 36 Bis, contemplado en el capítulo III, del título

tercero, correspondiente a la Política Ambiental; 126 Bis, 126 Ter, 126 Quater, 126

Quintus, 126 Sextus, 126 Octavus, 126 Nonus y 126 Decimus contenidos en el

capítulo II Bis, relativo a los centros de verificación, así como los artículos 160 bis

y 160 ter, correspondientes al capítulo VII, relativo a la Contaminación Visual y

Protección del Paisaje del título séptimo denominado Protección al Ambiente; y el

artículo 185 Bis, por lo que se propone llevar a cabo una distribución secuencial de

los artículos y capítulos que integran la Ley de mérito, lo que invariablemente

implica una modificación completa en la Ley que nos ocupa, lo que también se

justifica dadas las múltiples modificaciones efectuadas a lo largo de todo el

ordenamiento que se pretende actualizar integralmente.

Atento a lo anterior, del análisis y estudio a la iniciativa que nos ocupa, se advierte

que el iniciador aparte de pretender realizar una distribución secuencial de los

artículos y capítulos, también tiene como objetivo la modificación a los artículos

126 Bis, 126 Ter, 126 Quintus, de la Ley Vigente, dich as modificaciones consisten

en cambiar el término “concesión” por el de “autorización”, sin exponer los motivos

que sustenten dicha adecuación.

A ese respecto, es importante mencionar que l a concesión administrativa es el

acto por medio del cual se conced e a un particular el manejo y explotación de un

servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del

estado. (Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Edit, Porrúa, pág. 242).

La concesión es uno de estos mecanismos, que involucra la potestad del estado

para autorizar a un particular (persona física o moral), el manejo y explotación de

un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del

estado, modificando con ello su función de ser prestador originario o directo a ser

supervisor de la prestación de un servicio público o en su caso de la explotación

de un bien de propiedad estatal.

Respecto a la naturaleza jurídica de esta figura, la doctrina sostiene que si bien es

cierto que mediante la concesión se crea un derecho a favor del particular

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concesionario que antes no tenía, a diferencia de la autorización que permite el

ejercicio de un derecho preexistente, no es factible concebirla como un simple acto

contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto, en el cual coexisten

elementos reglamentarios y contractuales

La cláusula o elemento reglamentario, es en donde se fijan las normas a que ha

de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio y el estado puede

modificar éstas en cualquier instante, de acuerdo con las necesidades que

requiera la prestación del servicio sin que sea necesario el consentimiento del

concesionario, (horarios, modalidades de la prestación del servicio, derechos de

los usuarios etc.).

La doctrina establece como di ferencia entre la concesión y el permiso o

autorización, el que la primera confiere un nuevo derecho al concesionario, por

ejemplo, prestar un servicio público atribuido al estado o aprovechar un bien del

dominio público -el derecho a usar privativamente u n bien del domicilio público se

obtiene en virtud de concesión administrativa -, a diferencia del permiso, que no

otorga un nuevo derecho al permisionario, pues se concreta a retirar una traba que

impedía a éste ejercer un derecho.

En concordancia con lo a nterior el 06 de octubre de 2021, se publicó en el

Trescientos Treinta y Seis, por el que se reforman los artículo 126 bis, 126 ter,

primer párrafo, las fracciones II y III del artícu lo 126 quintus, el primer párrafo del

artículo 126 séptimus, y se adiciona la fracción LVII bis, al artículo 4 todos de la

,

con la finalidad de regularizar el funcionamiento de los centros de verificación

vehicular; decreto que se toma en consideración en esta iniciativa, trasladándolo

tal como se hizo la reforma a fin de ajustarse, por lo que para facilitar la

comprensión de su justificación se inserta a continuación el siguiente cuadro:

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INICIATIVA DE (DEL EJECUTIVO)

vigente,

atendiendo a la reforma de 06 de

octubre de 2021

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de ésta

ley se definen los siguientes términos: I

…

LVII. Verificación: Medición de las

emisiones de gases o partículas sólidas

o líquidas a la atmósfera, provenientes

de vehículos automotores o de la

industria; y

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de ésta

ley se definen los siguientes términos: I

…

LVII. Verificación: Medición de las

emisiones de gases o partículas sólidas

o líquidas a la atmósfera, provenientes

de vehículos automotores o de la

industria; y,

LVII. Bis. Centro de Verificación

Vehicular: Establecimiento

concesionado a un particular por el

Ejecutivo estatal, a través de la

secretaría que cumple con las

especificaciones de equipamiento,

infraestructura, imagen y de

procedimientos, establecidas en el

programa de verif icación vehicular

obligatoria.

ARTÍCULO *126 Bis. -La secretaría

otorgará, atendiendo a las necesidades

de los servicios de verificación de

fuentes móviles de su competencia, y

previa convocatoria pública y posterior

solicitud, autorizaciones a los

interesados que cumplan los requisitos

correspondientes. Para tal efecto, la

secretaría publicará las convocatorias

en el

determinarán los elementos materiales y

humanos y demás condiciones que

ARTÍCULO *126 Bis. -. Se requiere de

concesión para establecer, equipar,

operar y explotar un centro de

verificación vehicular. Las concesiones

se otorgarán por el plazo que se señale

en el título de concesión, atendiendo al

cumplimiento de las obligaciones de la

concesión respect iva. La secretaría

otorgará, atendiendo a las necesidades

de los servicios de verificación de

fuentes móviles de su competencia, y

previa convocatoria pública y posterior

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deberán reunir los centros de

verificación para obtener la autorización,

las normas y procedimientos de

verificación que se deberán observar,

así como el número y ubicación de las

instalaciones de los verificadores

ambientales. Los interesados en obtener

autorización para establecer, equi par y

operar centros de verificación vehicular

obligatoria con reconocimiento oficial,

deberán presentar solicitud ante la

secretaría, reuniendo los requisitos que

se establezcan en el reglamento

correspondiente de la presente ley.

solicitud, concesiones a los interesados

que cumplan los requisitos

correspondientes, efectuando una

distribución adecuada de los

verificentros en los municipios, en

proporción al parque vehicular

existente, sin que se confiera

exclusividad respecto de los derechos

de explotación. La secretaría procurará

que los verificentros concesionados se

instalen en los principales núcleos de

población y su distribución permita a

todos los habitantes del estado tener

acceso oportuno a los mismos. Para tal

efecto, la secretaría publicará las

convocatorias en el

las cuales se determ inarán los

elementos materiales y humanos y

demás condiciones que deberán reunir

los centros de verificación para obtener

la concesión, las normas y

procedimientos de verificación que se

deberán observar, así como el número

y ubicación de las instalaciones de los

verificadores ambientales. Los

interesados en obtener concesión para

establecer, equipar y operar centros de

verificación vehicular obligatoria con

reconocimiento oficial, deberán

presentar solicitud ante la secretaría,

reuniendo los requisitos que se

establezcan en el reglamento

correspondiente de la presente ley y en

la convocatoria correspondiente.

ARTÍCULO *126 Ter. - Quienes realicen

verificaciones de vehículos automotores

ARTÍCULO *126 Ter. - Quienes realicen

verificaciones de vehículos automotores

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y entreguen los documentos que

acrediten su aprobación sin contar con

la autorización correspondiente, serán

sancionados en los términos de esta ley

y las demás disposiciones jurídicas

aplicables. Será revocada la

autorización a los centros de verificación

vehicular que presten el servicio de

verificación a un vehículo, realiz ando

pruebas trampeadas con la finalidad de

modificar los resultados para lograr la

aprobación de emisiones de algún

vehículo, como son:

I. Alterar el equipo o la toma de la

muestra;

II. Verificar un vehículo para aprobar

otro;

III. Capturar la información de ident idad

de un vehículo que no corresponda al

que realmente efectuó la prueba;

IV. Usar cualquier dispositivo o sistema

no autorizado; y

V. Las demás que se establezcan en el

reglamento correspondiente de la

presente ley.

y entreguen los documentos que

acrediten su aprobación sin contar con

la concesión correspondiente, serán

sancionados en los términos de esta ley

y las demás disposiciones jurídicas

aplicables. Las concesiones para

operar centros de verificación se

extinguen:

I. Por caducidad;

II. Por cancelación;

III. Por revocación;

IV. Renuncia del titular de la concesión.

V. Pérdida de la nacionalidad mexicana

en los términos establecidos en la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; y

VI. Por extinción, liquidación, quiebra o

concurso de las personas morales

titulares

A. Procede la cancelación de la

concesión.

I. Pretender transmitir los derechos

derivados de la concesión, sin que se

cumplan los extremos previstos en la

ley;

B. Será rev ocada la concesión a los

centros de verificación vehicular que

presten el servicio de verificación a un

vehículo, realizando pruebas

trampeadas con la finalidad de

modificar los resultados para lograr la

aprobación de emisiones de algún

vehículo, como son:

I. Alterar el equipo o la toma de la

muestra;

II. Verificar un vehículo para aprobar

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otro;

III. Capturar la información de identidad

de un vehículo que no corresponda al

que realmente efectuó la prueba;

IV. Usar cualquier dispositivo o sistema

no autorizado; y

V. Las demás que se establezcan en el

reglamento correspondiente de la

presente ley.

ARTÍCULO *126 Quintus. - La

autorización a que se refiere este

capítulo tendrá la vigencia que se

indique en la convocatoria, la que podrá

darse por terminada cuando:

I. La secretar ía modifique las

condiciones conforme a las que deberá

prestarse el servicio;

II. Concluya el término de la

autorización;

III. Proceda la revocación de la

autorización en los términos de la

presente ley; y

IV. Las demás causas que se

establezcan en el reglamento

correspondiente de la presente ley. Para

efectos de lo dispuesto en la fracción I,

la secretaría publicará en el

de circulación estatal, las nuevas

condiciones que se deberán cumplir,

con la anticipación que se establezca en

el reglamento correspondiente de la

presente ley. Cuando los

incumplimientos que se detecten en los

centros de verificación sean atribuibles a

los proveedores de maquinaria, equipos

ARTÍCULO *126 Quintus. - La

concesión a que se refiere este capítulo

tendrá la vigencia que se indique en la

convocatoria, la que podrá darse por

terminada cuando:

I. …

II. Concluya el término de la concesión;

III. Proceda la rev ocación de la

concesión en los términos de la

presente ley; y,

IV. Las demás causas que se

establezcan en el reglamento

correspondiente de la presente ley.

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Dirección General de Legislación.

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y servicios, estos serán responsables en

términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO *126 Septimus. - Por cada

verificación vehicular que realicen los

prestadores de servicios autorizados,

expedirán a los interesados una

constancia con los resultados, la cual

contendrá la siguiente información: I…

ARTÍCULO *126 Septimus. - Por cada

verificación vehicular que realicen los

prestadores de servicios

concesionados, expedirán a los

interesados una constancia con los

resultados, la cual contendrá la

siguiente información: I…

Continuando con la valoración de la iniciativa, tenemos en primer término que el

iniciador pretende suprimir del artículo 4, la fracción LVII Bis, considerándose

improcedente, ya que resulta necesario para efectos de la Ley definir las

instituciones jurídicas que se contemplan, l a actividad de adscribir significados a

las formulaciones normativas se llama interpretación, la actividad interpretativa

trabaja con el le nguaje natural que usa el legislador con el fin de evitar

confusiones o interpretaciones, en segundo lugar el iniciador realiza la

modificación del artículo 126 Ter, acota su propuesta a que las autorizaciones a

los centros de verificación vehicular serán revocadas, realizando pruebas

trampeadas con la finalidad de modificar los resultados para lograr la aprobación

de emisiones de algún vehículo, es decir, sujeta la revocación a una sola situación

“realizando pruebas trampeadas”; suprimiendo las figuras jur ídicas de la

caducidad, la cancelación, la revocación, renuncia del titular de la concesión, entre

otras, como instituciones jurídicas de la extinción de la concesión, cabe señalar

que las figuras jurídicas que hoy establece la ley vigente, no es para la pérdida de

un derecho, sino la cesación de efectos de una institución jurídica por la

realización de un acontecimiento que al efecto establezca la Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera conveniente se

mantenga el texto de los artículo s 4, fracción LVII. Bis, 126 Bis, 125 Ter, 126

Quater y 126 Quintus de la Ley vigente, con la única adecuación de que como lo

contempla el iniciador se realice la distribución secuencial de los artículos y

capítulos que integran el proyecto materia del presente dictamen.

Por otra parte, se estima conveniente que toda vez de que en esta iniciativa se

establecen diferentes mecanismos para el desarrollo sustentable y sostenible del

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estado, se considera necesario la creación de un fondo verde estatal con el que se

busque garantizar el cumplimiento de las diferentes expectativas perseguidas por

la presente iniciativa de ley.

Se concluye que resulta viable el proyecto por lo que corresponde a la propuesta

de armonización de nuestra Ley local con los demás ordena mientos que han

quedado citados a lo largo de este dictamen, sin embargo, se carece de

integralidad y congruencia con lo expuesto, no obstante, la jurisprudencia

emanada de la resolución 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

hace imposterga ble la adecuación del ordenamiento legal, requiriendo para ello,

de modificaciones que le den pertinencia sin perder el espíritu del iniciador.

VI.- IMPACTO PRESUPUESTARIO

De conformidad con lo previsto en la reciente reforma al artículo 43 de la

Constitución local, mediante la publicación del Decreto Número Mil Ochocientos

Treinta y Nueve, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado de Morelos, en el

5487, el 07 de abril de 2017, en el que se estableció que las comisiones

encargadas del estudio de las iniciativas, en la elaboración de los dictámenes con

proyecto de ley o decreto, incluirán la estimación sobre el impacto presupuestario

del mismo, debe estimarse que dicha disposición deviene del contenido del

artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, que tiene como objetivos el incentivar la responsabilidad hacendaria y

financiera para promover una gestión responsable y sostenible de las finanzas

públicas y fomentar su estabilidad, con política de gasto con planeación desde la

entrada en vigor de la legislación para no ejercer gasto que no se contemple en el

presupuesto, mediante la contención del crecimiento del gasto en servicios

personales, consolidando el gasto eficiente que limite el crecimiento del gasto de

nómina.

Debido a lo anterior, se considera que la presente reforma no implicará ningún

impacto presupuestal en el presente año ni los subsecuentes, como lo establece el

presente dictamen. En razón de que el objeto del presente proyecto es garantizar

a la población un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sin que

pretenda la modificaciones de estructuras.

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De conformidad con los artículos 42, segundo párrafo de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra indica5:

“Las comisiones encargadas del estudio de las iniciativas, en la elaboración de los

dictámenes con proyecto de Ley o decreto, incluirán la estimación sobre el

impacto presupuestario del mismo.”;

Atendiendo a lo anterior se estable que la presente iniciativa no representa un

impacto presupuestario.

VII.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

Con las atribuciones que se encuentran investidas estas comisiones legislativas,

previstas en el artículo 106, fracción III del Reglamento para el Congreso del

Estado de Morelos, consideramos lo siguiente:

Una vez analizada la procedencia de las modificaciones hechas a la propuesta,

esta comisión dictaminadora estima que la , publicada en el

“Tierra y Libertad”, número 4022, el 22 de diciembre de 1999, por el transcurso del

tiempo desde su expedición ha sufrido diversas reformas y considerando la

situación y cambios que han imperado sobre esta materia; empero, debido a que

las disposiciones jurídicas deben renovarse a la par de las condiciones o

fenómenos que van surgiendo es que requiere nuevamente un ajuste en su texto,

y como lo dijo el propio iniciador, todo lo anterior, nos conduce a la necesidad de

llevar a cabo la actualización de las disposiciones de nuestra acorde con la Ley

General del Equilibri o Ecológico y la Protección al Ambiente y a efecto de

aprovechar este proceso legislativo para actualizar múltiples preceptos que aún se

encuentran desfasados para ajustarlos a la realidad social de nuestro estado.

Aunado a lo anterior, con las propuestas recogidas en los foros de consulta

ciudadana realizados, el análisis y estudio de la iniciativa, Los diputados

5 Art. 42 segundo párrafo Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

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integrantes consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa de la

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambient e para el Estado de

Morelos, presentada por el gobernador constitucional del Estado libre y Soberano

de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con la finalidad de dar mayor precisión y

certeza jurídica al contenido de la misma; facultad de modificaciones concer niente

a las comisiones legislativas, reconocida expresamente en el referido artículo

citado en líneas que anteceden, no obstante con la finalidad de brindar mayor

sustento a esta facultad legislativa, con fundamento además, en la tesis de

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

Visible en el Seminario Judicial de la Federación y Gaceta, tomo XXXIII, abril del

2011, , la cual cita de manera textual el siguiente:6

“…Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 162318

Instancia: Primera Sala

Novena Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 32/2011

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de

2011, Tipo: Jurisprudencia

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE

LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,

MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE

PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE.

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de

creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran

regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin

que ello impida abordar ot ros temas que, en razón de su íntima vinculación con el

proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud

de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el

6 Tesis [J]: 1ª/J. 32/1 1, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XXXIII, abril del 2011, p. 228. Reg. IUS

162318. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162318

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proyecto de ley o decreto contenido en l a iniciativa, pueden modificar la propuesta

dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de

la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron , sino antes bien, lo

permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la

Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas

de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer

deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el

proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras

que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los

actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o

adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese

sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en

términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de

modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al

Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue

propuesta, o específ ica y únicamente para determinadas disposiciones que

incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.

Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo Consultor Empresarial, S.C.R.L. de

C.V. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón C ossío Díaz.

Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C.V. y otras. 27 de octubre

de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 738/2010. Promotora Osara, S.A. de C.V. 17 de noviembre de

2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario:

Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 770/2010. Desarrollos Chiloe, S.A. de C.V. 1o. de diciembre

de 2 010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y otras. 1o. de

diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío

Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 32/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil once….”

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

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Subdirección de Jurismática.

VIII.- DICTAMEN.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, l os diputados integrantes de la Comisión

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua del Congreso del Estado de

Morelos de la LV Legislatura, con fundamento además en lo dispuesto en los

artículos 53, 55, 59, numerales 14 y 74, fracción I de la Ley Orgánic a para el

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, fracción I, 61 y 103 al 106 de su

reglamento, Dictaminan en SENTIDO POSITIVO, la iniciativa de la Ley del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Morelos,

presentada por el gobern ador constitucional del Estado libre y Soberano de

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, considerando oportuno que la Comisión de

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, ejerza las facultades de

modificación en razón de su íntima vinculación con el proyecto legislativo, para

ajustarlos a la nueva normatividad y realidad social, aunado al hecho de que con

ello se otorgará certeza y seguridad jurídica a los gobernados. Así, por virtud de la

potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de

ley o decreto contenido en la iniciativa, sin alterar el espíritu original de la

propuesta, se propone la modificación de la misma …”; por lo que dicho dictamen

fue presentado al pleno de la Asamblea legislativa para su análisis, discusión y e n

su caso aprobación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la LV Legislatura del Congreso del

Estado, con fundamento en lo establecido por el artículo 40, fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ha tenido a bien

expedir la siguiente:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LOS FUNDAMENTOS

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 85 -D de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reconoce el derecho

humano, con su doble dimensión, a un medio ambiente adecuado para su

desarrollo y bienestar.

CAPÍTULO II

DE LOS OBJETIVOS

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y sostenible del Estado, así

como establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su

desarrollo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental estatal y los instrumentos para

su aplicación;

III. Propiciar el aprovechamiento sustentable y sostenible, la preservación y, en

su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de

manera que se an compatibles la obtención de beneficios económicos y las

actividades de la sociedad con la protección de los ecosistemas;

IV. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde al

estado de Morelos y sus municipios;

V. Promover y propiciar la participación corresponsable de las personas, en

forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio

ecológico y la protección al ambiente, así como el desarrollo sustentable y

sostenible de la entidad;

VI. Delimitar los mecanismos de coordinación inducción y concertación entre las

autoridades; entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas

y grupos sociales, en materia ambiental;

VII. La preservación y protección de la biodiversidad conforme a los acuerdos

de coordina ción con el Gobierno Federal, así como el establecimiento y

administración de las áreas naturales protegidas comprendidas en las

fracciones IX y X; primer, tercer y cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VIII. La preservación, restauración y mejoramiento del ambiente en el territorio

de la entidad;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

IX. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo dentro

del ámbito de competencia estatal, estableciendo los mecanismos de

participación del estado;

X. Promover la incorporación o actualización, en los distintos niveles

educativos, de programas de contenido ecológico y de educación ambiental, de

investigación científica y tecnológica, que incluyan el tema del cambio climático

para la prevención y difusión de sus efectos;

XI. Fijar las medidas de control y de seguridad que garanticen el cumplimiento y

la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como

en la imposición de las sanciones administrativas que correspondan;

XII. Promover en el desarrollo sustentable, sostenible y de gestión ambiental,

instrumentos de participación ciudadana en los términos de la ley, fomentando

la participación ciudadana individual, colectiva o a través de los órganos de

representación;

XIII. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños

al ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y las

actividades sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable y

sostenible;

XIV. Establecer en coordinación con otras secretarías y autoridades, los

mecanismos de participación social, en la identificación, preservación,

protección y transmisión del patrimonio biocultural;

XV. Estimular políticas públicas encaminadas a la protección y utilización

efectiva de los conoci mientos, incluidas las prácticas relativas a las medicinas

tradicionales, la diversidad biológica y las tecnologías indígenas, y asegurar que

sean respetados, mantenidos, promovidos y preservados de modo

ecológicamente sostenible; y,

XVI. Elaborar estrategias d e cambio para eliminar todos los obstáculos que

impiden la participación plena y equitativa de las mujeres en el desarrollo

sustentable y sostenible y su acceso a los recursos y el control de éstos.

CAPÍTULO III

DE LAS ACCIONES DE ORDEN PÚBLICO

Artículo 3.- Se consideran acciones de orden e interés público:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

I. El ordenamiento ecológico del territorio del estado de Morelos, de sus

microcuencas hidrográficas en los casos previstos por ésta y demás leyes

aplicables;

II. La protección, preservación y manej o de las áreas naturales, así como la

restauración y reconstrucción de los ecosistemas y hábitats de la vida silvestre

mediante el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas;

III. La participación con el Gobierno Federal en la formulación y ejecución de

acciones de protección, preservación y restauración de la biodiversidad del

territorio estatal, así como en el aprovechamiento de material genético;

IV. La prevención del daño, la preservación, la restauración y el mejoramiento

del ambiente del territorio de la entidad;

V. La fusión de las estrategias de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y

desarrollo económico en un solo instrumento de ordenamiento territorial para el

Estado de Morelos, considerando las disposiciones normativas estab lecidas de

competencia concurrente o exclusiva en los tres órdenes de gobierno;

VI. El impulso a la gestión social en el proceso de planificación integral del

estado y de la cuenca hidrográfica de la que forma parte;

VII. El impulso a la participación ciud adana que asegure el control, vigilancia y

la continuidad de los planes y programas aprobados;

VIII. La aplicación de instrumentos económicos de gestión ambiental en apoyo a

la gestión integrada de las microcuencas hidrográficas y de los servicios

ambientales que garanticen el abasto de agua y la protección del ambiente;

IX. Integrar previo análisis y estudio los conocimientos y las prácticas

tradicionales de las mujeres rurales en relación con el uso y la ordenación

sostenible de los recursos cuando se ela boren programas de ordenación del

medio ambiente y de divulgación;

X Promover la participación de las comunidades locales, particularmente de las

mujeres, en la individualización de las mismas; y,

XI. Todas las demás acciones que tiendan a cumplir los fines de la presente

Ley, en congruencia y sin perjuicio de la competencia y atribuciones de la

federación.

CAPÍTULO IV

DE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

I. Actividades no Altamente Riesgosas: son aquéllas que pueden afectar

significativamente el ambiente y los recursos naturales en el estado de Morelos,

en virtud de las características y volúmenes de los materiales que se manejen

en las actividades industriales, comerciales o de servicios, así como por la

ubicación de los establecimientos respectivos, señaladas en los listados que

emita la Secretaría y que no sean competencia del Gobierno Federal;

II. Agenda 21: Documento emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebra da en 1992 en Río de Janeiro, que

constituye un acuerdo entre los diversos países sobre el plan de acción y las

políticas a implementar para alcanzar el desarrollo sustentable en el siglo XXI;

III. Agenda 2030: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un plan de

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, emitido por la

Organización de las Naciones Unidas;

IV. Aguas residuales: Aguas provenientes de ac tividades doméstic