Artículo 11 de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo

Artículo 11.- El Director del Instituto tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I.- Representar al Instituto conforme a las atribuciones establecidas en esta ley;

II.- Fijar los criterios de actuación de la defensoría para el cumplimiento de los objetivos

establecidos en la ley;

III.- Establecer los estándares básicos y medidas necesarias que estime convenientes

para el mejor desempeño y la mayor eficiencia y eficacia del servicio;

IV.- Calificar los casos en que procedan las excusas de los defensores públicos y

demás personal del Instituto;

V.- Proponer ante el Consejo de la Judicatura la contratación del personal apto para la

plantilla de Informadores, Gestores, Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos, en las

ramas de competencia del Instituto, cuya selección será atendiendo al perfil de

conocimientos y previa aprobación del examen básico;

VI.- Planear, organizar, dirigir, administrar, controlar y garantizar los servicios que brinde

el Instituto y la calidad de los mismos, emitiendo los acuerdos, circulares, formatos,

lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, manuales y demás disposiciones

internas necesarias para la debida prestación del servicio y el funcionamiento de la

defensoría pública;

VII.- Vigilar el óptimo desempeño de los servidores públicos del Instituto en el ejercicio

de su función, cualquiera que sea su asignación o adscripción, disponiendo lo

conducente a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente y eficaz;

VIII.- Llevar un sistema de base de datos digitalizado, a través del cual se dé

seguimiento a los asuntos que se encuentren a cargo de los Informadores, Gestores,

Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos, conociendo en forma actualizada la

situación jurídica de los asistidos en orden a las actuaciones del personal responsable

de su atención;

IX.- Poner en conocimiento del Órgano competente las acusaciones y quejas en contra

del personal adscrito al Instituto;

X.- Evaluar periódicamente el desempeño de los Informadores, Gestores, Defensores

Públicos, Asistentes Jurídicos, Peritos e Investigadores basándose en los reportes

emitidos por los Coordinadores;

XI.- Imponer las medidas y correcciones disciplinarias de conformidad a lo establecido

en la presente Ley;

XII.- Rendir ante el Consejo de la Judicatura, un informe anual de las actividades

realizadas por todo el personal adscrito al Instituto;

XIII.- Gestionar ante el Consejo de la Judicatura la designación de peritos, cuando por

la naturaleza del asunto deba proveerse al Defensor Público o Asistente Jurídico de

dicho auxiliar para el adecuado ejercicio de sus funciones, independientemente de la

materia de que se trate de acuerdo al caso; esto en tanto se establezca la Coordinación

de Servicios Periciales a que alude el numeral 5 Fracción IV de esta Ley;

XIV.- Solicitar y proponer ante el Titular de la Escuela Judicial, la impartición de cursos

de capacitación, a fin de elevar el nivel profesional de los Informadores, Gestores,

Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos;

XV.- Atender y diligenciar las solicitudes de información que le sean requeridas por

Organismos Públicos o Instituciones, siempre que éstas se refieran a datos no

considerados como confidenciales para efectos de esta Ley;

XVI.- Gestionar ante la autoridad competente lo relativo a las ausencias temporales de

los Informadores, Gestores, Defensores Públicos, Asistentes Jurídicos y demás

personal adscrito al Instituto, vigilando las suplencias correspondientes;

XVII.- Realizar reuniones periódicas con el personal de las Coordinaciones a efecto de

conocer la problemática real en materia de necesidades del servicio, calendarizando

actividades y estrategias para la solución de la misma;

XVIII. Informar al Consejo de la Judicatura, las demoras o irregularidades observadas

en la tramitación de los negocios penales, civiles, familiares o laborales que atiendan,

señalando las causas;

Fracción reformada

XIX.- Dirigir las bases generales de funcionamiento, disponiendo lo conducente para el

estricto cumplimiento de la presente Ley y Reglamentación secundaria;

XX.- Establecer criterios que permitan vigilar el rendimiento y dedicación en el

desempeño de la función de defensa y asistencia en las áreas de competencia, a efecto

de unificar criterios de aplicación o bien deslindar responsabilidades entre el personal

adscrito al Instituto;

XXI.- Solicitar al Consejo de la Judicatura, los estímulos y reconocimientos para el

personal que sea merecedor por su buen desempeño, siempre y cuando la capacidad

presupuestal lo permita;

XXII.- Informar al Consejo de la Judicatura de cualquier acto de autoridad ministerial,

judicial o administrativa que tienda a vulnerar la autonomía del ejercicio de la debida

defensa;

XXIII.- Calificar las excusas planteadas por los defensores y asistentes jurídicos;

XXIV.- Asignar el número de defensores públicos y asistentes jurídicos que se

requieran en las Agencias del Ministerio Público, Juzgados, Tribunales y Salas del

Tribunal Superior de Justicia del Estado;

XXV.- Autorizar los actos de autoridad que el Instituto ordene, pudiendo delegar esta

facultad en subalternos, en los términos del Reglamento;

XXVI.- Elaborar el Programa Anual de Capacitación del Instituto, para lo cual podrá

solicitar sugerencias y opiniones a las escuelas y facultades de derecho del Estado así

como a las asociaciones de profesionales del derecho. El cual deberá ser presentado

ante el Consejo de la Judicatura y el Director de la Escuela Judicial a más tardar el 15

de septiembre de cada año;

XXVII.- Someter a Consideración del Consejo de la Judicatura los indicadores de

desempeño y evaluación de los integrantes del Instituto; y

XXVIII.- Calificar y resolver en definitiva el retiro del Servicio de asistencia jurídica en

los términos previstos en esta Ley.