Artículo 186 de la Ley Número 466 de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y Municipios.

Artículo 186. Todas las obligaciones de car ácter económico que correspondan al Estado o a los

Municipios y que se deriven de esta Constitución, deben entenderse limitadas por las respectivas

capacidades presupuestarias.

Lo anterior asume mayor relevancia en virtud de que el gasto de libre disposición que no está comprometido

en el cumplimiento de políticas públicas, estrategias y programas de las entidades públicas, está muy

limitado, sobre todo en un Estado en el que el 97.5 por ciento de sus recursos presupuestarios son de origen

federal, razón por la cual la presente Iniciativa es cuidadosa al proponer una armmonización en la reparación

por reparación patrimonial de Estado, con la estabilidad de las finanzas públicas, a efecto de no generar

afectaciones indebidas al erario público.

Con base en lo anterior, no se establece una proporción específica del presupuesto asignado al ente público,

o bien, se considera una partida presupuestal específica, en cumplimiento de la normatividad en materia de

disciplina presupuestaria y contabildiad gubernamental. Se limita el pago de las indemnizaciones a un

ejercicio fiscal subseciente en el que se haya dictado resolución, para evitar que se comprometa

excesivamente el presupuesto público del ente y esto ponga en riesgo el cumplimiento de los objet ivos y

metas de sus programas, así como de sus atribuciones legales.

En cumplimiento de la política nacional de austeridad, se descarta la contratación de seguros privados para

enfrentar la cobertura de las responsabilidades patrimoniales en que incurran los entes públicos, con el fin

de evitar que se comprometan los pocos recursos presupuestarios.

Adicionalmente, se excluye la vinculación de la obligación del Estado en la materia al cumplimiento de

recomendaciones en materia de derechos humanos, ya que se trata de otro tipo de materia con

procedimientos específicos para las indemnizaciones que corre spondan, las que deberán seguir el

procedimiento aplicable conforme a la normatividad que corresponda.

La Iniciativa reconoce la responsabilidad objetiva del Estado que se centra en los actos realizados de manera

irregular y que está desvinculada sustancialmente de la negligencia, el dolo o la intencionalidad propios de

la responsabilidad subjetiva e indirecta regulada por las disposiciones del derecho civil. 4

III.- CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA.- Que la Comisión de Justicia en funciones de Dictaminadora, en el análisis,

discusión y valoración de la propuesta, utilizaron el método de trabajo dialogal, exponiendo

sus argumentos bajo criterios de razonabilidad, en los que hemos motivado y fundamentado

el presente Dictamen; sobre todo, se ciñe al contenido del Artículo 4 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en cuanto la interpretación y aplicación

de las normas que estén relacionadas con la observancia de los Derechos Humanos,

“…atendiendo al sentido más favorable para las personas y conforme a lo dispuesto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos

internacionales incorporados al orden mexicano”.

SEGUNDA.- Que esta Comisión Dictaminadora, parte de la idea, que la Responsabilidad como

institución jurídica, se concibe como la necesidad jurídica de responder voluntariamente o

por determinación de la ley, de las consecuencias que generan los hechos, fundada e n un

sistema jurídico se documenta en los “Preceptos Fundamentales” o “Las Tres Máximas” de

Ulpiano5, que consisten en el vivir honestamente (honeste vivere); no causar daño a nadie

4 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2592/2014, 15 de abril de 2015.

5 Estas tres máximas de Ulpiano, también pueden explicarse de la siguiente manera: <1º>Vivir honestamente. Estos preceptos, de contenido moral, no dejan por ello de ser también jurídicos.

El IUS sirve para garantizar la pública honestidad y las buenas costumbres y quien las viole, será pasible de la sanción jurídica por ser su proceder contrario al honeste vivere. / <2º> No dañar

a nadie. Quien se abstiene de la conducta prohibida por las leyes obedece al precepto de no hacer daño a nadie, siendo justo. La alteración del justo equilibrio que lesiona los afectos, la

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LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

(alterum non laedere) y dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere) (STS, 1.ª de 28-XI-

2011, rec. 96/2010)6.

En este orden de ideas, los hechos jurídicos que generan responsabilidad, a veces, tienen

su origen en la ilicitud, que puede ser por culpabilidad o intencionalidad, causadora de daño;

en tanto que en otras, se genera por un obrar imprudente, negligente o falta de cuidado7 y

en otras más, aún obrando dentro de la ley8, de todos modos, se genera un daño, lo que da

pie a volver las cosas al estado que guardaban antes de la causación del daño o en su

defecto indemnizar

TERCERA.- Que dentro de la llamada Responsabilidad Objetiva, encontramos lo que el

Derecho Mexicano vigente, a través del último párrafo del Artículo 109 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula lo que denomina Responsabilidad

Patrimonial del Estado, que es una institución jurídica, que establece el deber jurídico

objetivo y directo para que el Estado indemnice a los particulares que hayan sido lesionados

antijurídicamente en sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad irregular o

incorrecta del propio Estado.

Esta Responsabilidad del Estado, antes del 2002, era subsidiaria, consistente, según la

concepción descriptiva que nos brinda el Maestro Ernesto Gutiérrez y González, como

“aquella que tiene lugar, cuando una persona responde por la conducta de otra, pero sólo

a partir del límite en que ésta, es impotente para cubrir el todo o parte de las prestaciones

que debe”9; pero que ahora, esta Responsabilidad, por ministerio constitucional, es Objetiva

y Directa. Objetiva, porque se deriva de la existencia del daño y de la actividad estatal

irregular, con la que se vincula causalmente, de manera independiente de que haya culpa

o no; daño que no se tiene el deber jurídico de soportar. Es Directa, porque el Estado, ya

no responde, como lo hacía antes de la reforma constitucional en el 2002, de manera

solidaria, ni subsidiariamente por el daño causado, sino que la exigencia se rá inmediata,

“sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del Servidor que causó el daño reclamado, sino

únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho

servidor”10, quedando a salvo, el derecho de repetición en contra de la persona Servidora

Pública, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario.

CUARTA.- Esta Comisión Dictaminadora, advierte que esta Responsabilidad Patrimonial

encuentra sustento también, en el Artículo 63 numerales 1 y 2 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, al sostener que cuando se determine que hubo violación de un

persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en sus derechos, obliga al restablecimiento del orden agredido. / <3º> Dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere). Quien hace lo que

las leyes mandan cumple con dar a cada uno lo suyo. Cumplir los contratos, guardar los pactos, reconocer los derechos de los demás están ínsitos en el dar lo suyo a cada cual. Entre otros

conceptos de importancia tenemos《iustitia e iurisprundentia》. Este precepto contiene la idea de justicia común a Ulpiano, Aristóteles, Platón y a Santo Tomás de Aquino. Fuente: Wikipedi a

Enciclopedia Libre, consultada el día 24 de junio del 2020 y puede consultarse en el siguiente link:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ulpiano#Los_%C2%ABPreceptos_fundamentales%C2%BB_o_%C2%ABLas_tres_m%C3%A1ximas%C2%BB_de_Ulpiano

6 (Tomado del Ddiccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española, el día 24 de junio del 2020 y puede consultarse en el siguiente link: https://dej.rae.es/lema/alterum-non-laedere)

7 Llamada Responsabilidad Civil Subjetiva por Hecho Ilícito o mal llamada Responsabilidad Extracontractual.

8 Conocida en el ámbito jurídico como Responsabilidad Civil Objetiva, generada ya por un obrar imprudente, negligente, falto de cuidado y en otras más, actuando dentro de la ley; pero de

todos modos se genera un daño.

9 Ernesto Gutiérrez y González. - “Derecho de las Obligaciones”. - Editorial Porrúa. 7ª edición (ISBN 970-07-7174-1). -2010.- México. Apdo. 36/p. 48, así como la nota al pie 658.

10 Tesis de jurisprudencia P./J. 42/2008, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 722 del tomo XXVII (junio de dos mil ocho) del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

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derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, dispondrá que se {1º} garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad

conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, {2º} que se reparen las

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos

derechos y {3º} el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Ahora bien, en

casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las

medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

QUINTA. – Que esta Comisión Dictaminadora, en la construcción del presente dictamen tuvo

como brújula orientadora, el análisis meticuloso de las principales orientaciones que ha

brindado, sobre este tema, el Poder Judicial de la Federación, revisando que se contengan

en las Iniciativas que se estudian y agregando las que no se prevean en el presente

Dictamen, significando entre estas, las siguientes:

ACCIÓN Resumen

AI11 4/2004. Señala que esta Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPE) únicamente se

actualiza por daños causados a los particulares con motivo de la actividad

administrativa irregular y que se caracteriza por ser objetiva y directa.

Exp. Varios

561/2010

La función “materialmente” jurisdiccional no está comprendida “dentro” de esta RPE,

“aunque” la “actividad administrativa del Poder Judicial” sí lo está.

ADR12=2660/2017 La misma conclusión que el anterior, cuando resuelve que las actuaciones de las

Agencias del MP durante la otrora Averiguación Previa (hoy, Carpeta de

Investigación), son elementos integrantes de un procedimiento “materialmente”

jurisdiccional, por lo que están excluidas de la RPE.

ADR 1365/2014 Motivada por una reclamación por los daños sufridos por una persona por el

desbordamiento de un río y las inundaciones provocadas, donde la SCJN excluye los

casos en que el daño, es producto del funcionamiento lícito “o” regular de la actividad

pública.

ADR 7106/2019 Propiciada por una exigencia derivada de los perjuicios que supuestamente se

ocasionaron a una persona con la declaración en concurso mercantil de una sociedad

financiera popular y donde se ratifican los requisitos para obtener indemnización por

la actividad administrativa irregular. Así, la SCJN observó que para conceder una

indemnización "debe quedar acreditada la existencia de un acto administrativo

irregular imputable a las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que con su

realización u omisión se haya causado daño al particular sin tener la obligación de

11 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- . Es el juicio de única instancia que pueden impulsar los órganos del Estado ante la Suprema Corte para que se resuelva una posible contradicción

entre una norma general (como por ejemplo una ley) o un tratado internacional con la Constitución federal. La Suprema puede declarar la invalidez total o parcial de la norma o tratado en

cuestión a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico. Nuevamente, se trata de un medio de control que sólo lo pueden utilizar instituciones del Estado y

no los ciudadanos. Es un medio de control constitucional abstracto; es decir, no es necesaria la existencia de un agravio o l a demostración de una afectación para que el demandante o

promovente pueda actuar (como sucede en las controversias constitucionales). / En el artículo 105, fracción II, de la Constitución se encuentra el lista do de órganos del Estado que pueden

aprovechar esta figura para atacar una norma general. {Tomado de la Página Electrónica del Inst ituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ), “Monitor Judicial”, el día 01 de octubre del

2022 y que puede consultarse en el siguiente link: http://www.monitorjudicial.itam.mx/que_es_y_que_hace.html}

12 Amparo Directo en Revisión (ADR) Se da contra sentencias que en Amparo Directo pronuncien los TCC, cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de una le y o un

Tratado Internacional, o cuando se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la CPEUM, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse

en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. También se dice que el Recurso de Revisión, también conocido como Amparo en Revisión,

es uno de los medios de impugnación que se pueden interponer en contra de una resolución de Amparo indirecto o directo. La compete ncia para conocer del Amparo en revisión es en

principio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, en el caso de las resoluciones de Amparo indirecto, esta competencia se ha delegado a los Tribunales Colegiados

de Circuito cuando se trata de cuestiones de legalidad o de constitucionalidad donde exista jurisprudencia que resuelva el as unto. La SCJN conoce de est e recurso cuando subsistan

cuestiones de constitucionalidad no resueltas por jurisprudencia (Acuerdo General Plenario 5/2001 de la SCJN). En tanto que e l Amparo en Revisión (AR), se da contra las

sentencias que pronuncien los Jueces de Distrito o los TCC, cuando se hayan impugnado normas generales y subsista el problema de constitucionalidad.

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ACCIÓN Resumen

soportarlo, lo que en la especie no sucedió ya que la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores llevó a cabo una serie de actos para evitar el daño que terceros podían

sufrir, cumpliendo con sus obligaciones y actuando dentro de las atribuciones legales

conferidas." (Pág. 42, párr. 3). Es decir, la SCJN no amparo al ahorrador, ya que

determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), advirtió

debidamente a la sociedad financiera popular FICREA, ya que la Corte a través de

su Segunda Sala analiz ó la doctrina respecto a la omisión como actividad

administrativa irregular, las funciones de la CNBV, su normatividad y enumeró seis

acciones que realizó la Comisión en cumplimiento de sus obligaciones dentro del

proceso para intervenir a FICREA, entre las que destacaron las visitas de inspección.

Por ello, concluyó que en el caso no se acreditó un actuar irregular imputable a la

CNBV, ya que los actos reclamados por el ahorrador, no están comprendidos dentro

de la RPE.

CT13 538/2012 La SCJN determinó que las acciones de naturaleza laboral burocrática no pueden

constituir actividad administrativa irregular. Así, La SCJN concluyó que "cuando un

ex empleado de una dependencia pública, como la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que depende del Poder Ejecutivo

Federal y, por tanto, es autoridad administrativa, presenta ante ella una reclamación

de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, aduciendo que durante

el último año en que s e prestaron los servicios correspondientes, la propia

dependencia omitió retener y enterar debidamente al Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las cuotas y aportaciones de

seguridad correspondientes, dando lugar a que dicho Instituto no determinara

correctamente el monto de la pensión jubilatoria y, por tanto, a que se le pagara por

ese concepto menos de lo que le correspondía, se atribuye una conducta realizada

como patrón, que no puede ser considerada una actividad administrativa

irregular susceptible de dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado,

en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y,

por tanto, la reclamación puede desecharse de plano." (Pág. 72, párr. 4).

ADR= 903/2008 Ante la incertidumbre para reclamar, surgieron conflictos, donde varios jueces civiles

como administrativos declinaron su competencia, por lo que la SCJN determinó que

la CPEUM no obliga a las personas a reclamar su derecho a la indemnización por la

actividad irregular del Estado a través de una vía específica; sin embargo, señaló

que se tiene que atender a lo dispuesto por el LEGISLADOR para tal fin. En este

orden de ideas, declaró la CONSTITUCIONALIDAD de que la VÍA

ADMINISTRATIVA haya sido la escogida por el Legislador en la Ley Federal de

Responsabilidad Patrimonial del Estado.

ADR=10/2012 Reclamo por daños ocasionados por personal médico -sanitario de instituciones

públicas federales de salud, determinándose que la RPE comprende los daños

ocasionados a los bienes “o” derechos de los pacientes por la prestación deficiente

de los servicios de salud, cuando el personal médico actúa negligentemente por

acción u omisión.

Asimismo, se determinó que la función médica, la actuación irregular del Estado, no

radica ÚNICAMENTE Enel incumplimiento de los deberes legales establecidos en

leyes “o” reglamentos, sino que se origina también por el incumplimiento de las

prescripciones de la ciencia médica en el momento del desempeño de sus

13 JUR I S PR UD ENC I A P OR C ONTR ADI C CI ÓN D E TES IS O U NIF IC AC I ÓN D E CR I TER I OS .- Pretende preservar la unidad de la

interpretación del orden jurídico nacional , al decidir los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entr e lo sustentado por las salas de la Salas de la Suprema Corte de

Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito , en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas der ivadas de los juicios en que se hubiesen

emitido dichos criterios. Afirma el Tercero Párrafo del Artículo 216 de la Ley de Ampar o que la Jurisprudencia POR CONTRADICCIÓN se establece por Pleno “o” las Salas de la SCJN y por

los Plenos Regionales.

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LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ACCIÓN Resumen

actividades; siendo que la carga de la prueba {¿Quién prueba? u Onus Probandi }

de la diligencia médica, recae en las instituciones médicas. Asimismo, se dilucidó que

en estos que involucran a instituciones de salud federales, la vía procesalmente

idónea para exigir al Estado la reparación de daños, es la administrativa.

ADR3855/2017 La SCJN que las y los particulares están obligados a acreditar el daño y la relación

causa-efecto entre la lesión y la acción administrativa, mientras que el Estado debe

demostrar la regularidad de su actuación.

AD14 16/2018 La SCJN anotó que en los casos en que se involucran a niñas, niños o adolescentes,

el órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente pruebas, para mejor proveer, por

lo que la ausencia de material probatorio no debe ser impedimento para fijar un monto

de indemnización.

ADR 2278/2014 A través de este ADR, la SCJN aclaró en el Amparo Directo en Revisión 2278/2014

que la declaración de nulidad de un acto administrativo no tiene por acreditada la

actividad administrativa irregular del Estado, pues es necesario que se acredite la

relación causa-efecto entre el acto estatal y el daño a la persona, para lo que se debe

seguir el procedimiento específico.

AD55/2014 En este asunto, la SCJN subrayó que no se debe requerir a la persona que

reclama la indemnización que primero consiga la declaración de ilegalidad del

acto administrativo, pues el control de legalidad tiene un objetivo distinto a la

responsabilidad patrimonial del Estado.

ADR 10/2012

AD 70/2014

La SCJN determinó que el propósito fundamental de la RPE es “volver las cosas a la

situación anterior”. Empero si no es posible, entonces, procede corresponder a la

reparación integral del daño . Esto se debe calcular atendiendo al daño físico y

mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos,

los daños morales y los gastos de asistencia.

AD 50/2015 Se hizo patente que a diferencia de los casos de responsabilidad civil

extracontractual, no es aplicable la Doctrina de Daños Punitivos 15, pues existen

OTRAS MEDIDAS que persiguen la finalidad de prevenir casos análogos Enel futuro,

como son las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

AR 75/2019 A similitud con la reparación del daño por responsabilidad civil extracontractual, en

los casos de RPE, tampoco resulta constitucional establecer un tope máximo para el

monto de la indemnización por daño moral.

ADR 2131/2013 La SCJN determinó que, dependiendo la magnitud de la violación, la reparación será

únicamente a través de la indemnización prevista en la regulación por RPE o, en su

caso, si no es suficiente para alcanzar el estándar de reparación integral, se deberán

adoptar medidas adicionales. Por el contrario, si sólo se acredita un daño patrimonial,

sin acreditar la violación a un derecho humano, sólo se tiene derecho a la

indemnización económica.

ADR 7007/2016 La SCJN determinó que es procedente el daño moral producto de la RPE y que los

límites a que se refiere el texto constitucional han de hacerse bajo el ingrediente

de razonabilidad.

SEXTA.- Que esta Comisión Dictaminadora no ignora, que aun cuando existen, en nuestro

sistema jurídico guerrerense disposiciones de primer rango y otras, que no están acordes

con lo establecido en el último párrafo del Artículo 109 de la Constitución Política d e los

Estados Unidos Mexicanos, al seguir regulando la Responsabilidad Subsidiaria, en lugar de

14 Amparo Directo, es el Juicio en contra de sentencias definitivas, cuyo conocimiento corresponde a los TCC, pero que por su trascendencia e interés requieren de un pronunciamiento de la

SCJN. La SCJN conoce de estos, a través de un procedimiento llamado solicitud de ejercicio de Facultad de Atracción.

15 Se refiere únicamente a la forma de cuantificar la indemnización que se otorgue a la víctima.

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LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

la institución de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pese a su institución en el año

200216, con los ingredientes que sea objetiva y directa; por lo que en estas circunstancias,

estima pertinente, en aras de la importancia de la expedición de esta Ley de

Responsabilidad Patrimonial, se determina a propuesta del Diputado Jesús Parra García,

Presidente de la Comisión de Justicia, establecer un Transitorio, para señalar que en

acatamiento a los Artículos 31 a 34 de la Convención de Viene sobre el Derecho de los

Tratados; 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 4 y 5 dela Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Guerrero, se sugiere que en tanto se lleva a cabo el proceso de

reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los órg anos

jurisdiccionales que conozcan de asuntos relacionados con la Responsabilidad Patrimonial

dejarán de inaplicar los Artículos 6.1. Fr. VII Pfo. 2º y 194 de la Constitución Política Local,

en virtud del Control Difuso contenido en el Artículo 133 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como también en cuanto al contenido del Artículo 1750 17

del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358, en tanto este Poder

Legislativo lleva a cabo la reforma correspondiente

SÉPTIMA.- Es justo señalar que esta Comisión Dictaminadora, solicitó, con fundamento en los

Artículos 179 Fracción VII y 250 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las

consideraciones jurídicas y opinión institucional del Tribunal de Justicia Administrativa,

esbozadas en auxilio de este Tribunal, específicamente por el Ciudadano Licenciado Luis

Camacho Mancilla, Magistrado de la Sala Superior de ese Órgano Jurisdiccional sobre la

pertinencia de la operacionalidad de contar con una Ley de Responsabilidad Patrimonial

del Estado y Municipios y las que luego de analizadas se incorporaron a los supuestos que

inspiran el presente Dictamen”.

Que en sesiones de fecha 23 de mayo del 2023, el Dictamen en desahogo recibió primera y

dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262,

264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la

Presidencia de la Mesa Directiva, habiéndose la Comisión Dictaminadora reservado el derecho

de exponer los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo

y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si

16 Por adición que se hizo al 2º párrafo del Artículo 113 (y que después, en el 2015, se trasladó al último párrafo del Artícul o 109) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y que se publicó mediante el DOF del 14 de junio del 2002 y donde se contenía en su Transitorio Único que “El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del pres ente

Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir

en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las

disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes: a) El pago de la indemnización se efectuaría de spués de seguir los

procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y b) El pago de la indemni zación estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del

ejercicio fiscal de que se trate. Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo

comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni

mayor a dos”

17 La Responsabilidad exigible al Estado, tomando como modelo el Código Civil Federal y del Distrito Federal de 1928, podía hace rse manera subsidiaria al Estado cuando el funcionario

directamente responsable no fuera suficiente para responder por el daño cau sado. Después (en 194) el contenido del Artículo 1928 pasó a al 1927 y se preveía que la Responsabilidad sería

SOLIDARIA (es decir, que podía cobrarse a cualquiera de los deudores, la totalidad de la deuda o de los daños) cuando se tra tará de hechos ilícitos dolosos y SUBSIDIARIA en los demás

casos, en lo que sólo podría hacerse efectiva contra el Estado cuando el Servidor Público directamente responsable no tuviera bienes o los que tuviera, no fueran suficientes para responder

de los daños y perjuicios causados por sus agentes. Lo anterior, dio pie a la Responsabilidad Patrimonial del Estado en el 2002; por lo que a juicio de la Comisión Dictaminadora, en su

oportunidad este Artículo debe derogarse. Esta tendencia está orientada por los estudios del académico Ernesto Gutiérrez y González en sus obras: “Derecho de las Obligaciones”. Editorial

Porrúa. 19ª edición corregida y actualizada por la Dra. RAQUEL SANDRA CONTRERAS LÓPEZ, ISBN 970-07-7174-1). 2012.- México. pp. 680-691 y “El Patrimonio” (El Pecuniario y el Moral o

Derechos de la Personalidad). - Editorial Porrúa. 7ª edición corregida y actualizada. ISBN 970-07-3212-6. 2002.- México. pp. 342-350.

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LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el

dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva

del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en

términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Ley de

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y Municipios . Emítase la Ley

correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales

conducentes”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I

de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor,

este Honorable Congreso decreta y expide la siguiente:

LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Y MUNICIPIOS.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES