Artículo 3 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión en el Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 3. Las autoridades del Estado encargadas de la interpretación, aplicación,

diseño, implementación y definición de las acciones necesarias para el

cumplimiento de la presente Ley actuarán con pleno respeto de los derechos

humanos y se sujetarán a los principios de perspectiva de género, interculturalidad,

interseccionalidad, del adulto mayor, del interés superior de la niñez, las

adolescencias y de no revictimización, así como a las directrices mínimas

siguientes:

I. Respetar la dignidad humana de las víctimas y de las o los ofendidos;

II. Conducir sus actuaciones de conformidad con el principio de igualdad y no

discriminación;

III. Actuar sin distinción, exclusión o restricción ejercida por razón de sexo, origen

étnico, social o nacional, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de

cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil,

condiciones económicas o de salud, pertenencia a una minoría nacional,

patrimonio o discapacidad, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir

o anular el reconocimiento, ejercicio o la prestación de los derechos, las

prerrogativas, los servicios y beneficios reconocidos en esta Ley;

IV. Actuar de forma inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable ante los

hechos que pudieran constituir el delito de extorsión o los delitos vinculados

previstos en los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley General para Prevenir,

Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

V. Garantizar el desarrollo de las investigaciones y los procesos penales de

manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, oportuna,

exhaustiva y profesional;

VI. Considerar las características, el contexto y las circunstancias de las

situaciones particulares de la comisión del delito, así como el lugar o la región en

el que acontezca;

VII. Evitar conductas que propicien, en cualquier forma, la revictimización o

criminalización de las víctimas y las o los ofendidos, y

VIII. Ejecutar las acciones que correspondan para la reparación integral del daño.