Artículo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Artículo 4. Principios y garantías aplicables para la atención de víctimas

1. El procedimiento se llevará a cabo respetando, entre otras, los siguientes principios y

garantías:

a) Buena fe: Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del

ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarlas o

responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de ayuda,

atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar

y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

b) Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento

a respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de

su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a

garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene

derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

c) Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro

de este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o

discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo

momento la revictimización.

d) Coadyuvancia: Forma de intervención adhesiva que se da cuando una

persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las

partes principales.

e) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite.

f) Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento

y la protección de las víctimas, los procedimientos serán sustanciados por

personas capacitadas y sensibilizadas en materia de derechos humanos,

perspectiva de género y violencia política contra las mujeres en razón de

género.

g) Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con

celeridad y adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para

la investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente

los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la

resolución final que se emita.

h) Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se

mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los

conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato

justo.

Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán actuar de

buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos

denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios

de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.

i) Prohibición de represalias: Garantía a favor de las personas que presenten

una denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen

en una investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en

razón de género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos.

j) Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la

aplicación de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su

colaboración.

k) Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, la Unidad Técnica

debe solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad

resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El

proceso de recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de

género, celeridad, eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los

derechos de cada una de las personas.

1) Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por

la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad,

seguridad y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos

humanos. Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para

garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de

las víctimas.

m) Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de

las víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción,

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales,

lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género,

edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud,

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier

otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.