Artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 25.- La Dirección General Adjunta de Atención y Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil tiene las atribuciones siguientes:

I. Promover la vinculación entre las organizaciones sociales y la Administración Pública Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, para la atención de las problemáticas que plantean y la cooperación en la construcción de políticas públicas que estén encaminadas a resolverlas, salvo aquéllas que correspondan a otra unidad administrativa de la Secretaría;

II. Instrumentar acciones, previo acuerdo con la persona Titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, de diálogo en coyunturas políticas con organizaciones sociales que permitan concertar soluciones de conflictos que se susciten y fomentar la gobernabilidad democrática;

III. Someter a consideración de la persona Titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, proyectos, planes y acciones en materia de participación ciudadana de las organizaciones sociales con la Administración Pública Federal y, en su caso, brindar asistencia técnica para su instrumentación, en temas competencia de dicha Unidad;

IV. Proponer a la persona Titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías para la atención de la problemática y conflictos de la ciudadanía y sus organizaciones;

V. Promover la realización de foros, conferencias, seminarios, así como de estudios, investigaciones y análisis que permitan obtener el conocimiento y la comprensión de las problemáticas o conflictos de las organizaciones políticas, sociales y civiles, y

VI. Establecer los mecanismos para requerir información, opinión o apoyo técnico, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, o a cualquier institución pública, así como a las Oficinas de Representación de la Secretaría, para el ejercicio de sus funciones, observando las disposiciones jurídicas aplicables.