Artículo 53 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 53.- La Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación de Política Pública de Derechos Humanos tiene las atribuciones siguientes:

I. Acordar con la persona Titular de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos las acciones para el seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de derechos humanos que incorporen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a sus distintos programas, en congruencia con las disposiciones constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos;

II. Dar seguimiento a los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en lo relativo a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios constitucionales;

III. Proponer a la persona Titular de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, la evaluación del impacto de la incorporación de políticas públicas en materia de derechos humanos en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo que competan a las dependencias de la Administración Pública Federal, y proponer acciones para la mejora constante y permanente de los mismos;

IV. Vincular acciones con instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para generar propuestas que incidan en la evaluación de políticas públicas en materia de derechos humanos;

V. Sugerir a la persona Titular de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos reformas al marco jurídico federal y de las entidades federativas en materia de derechos humanos y las garantías para su protección;

VI. Someter a consideración de la persona Titular de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, la opinión respecto de indicadores relativos al cumplimiento de los derechos humanos, que permitan evaluar los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Coordinar mecanismos interinstitucionales para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones emitidas por organismos internacionales;

VIII. Participar en la elaboración de estudios y coordinar mesas de diálogo en materia de derechos humanos;

IX. Establecer mecanismos de coordinación, concertación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil, sector académico e instancias públicas para la promoción y defensa de los derechos humanos, y

X. Impulsar acciones de capacitación en materia de derechos humanos, con instituciones públicas, privadas y sociales.