PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN IV, INCISOS C) Y D), NÚMEROS 2 Y 4, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DESTINO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO POR EL ESTADO.

El citado precepto, al prever que los partidos políticos que contiendan en el Estado de Yucatán, sean nacionales o estatales, podrán establecer en instituciones bancarias con domicilio en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de los recursos líquidos que reciban por concepto de autofinanciamiento, a fin de obtener rendimientos, no viola el principio de destino del financiamiento público que el Estado otorga a dichos institutos. Lo anterior es así, ya que el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo exige que los ordenamientos estatales garanticen la existencia de mecanismos que aseguren el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos, lo cual se acata por el precepto que se tilda de inconstitucional, en cuanto prevé diversos candados enmarcados en un procedimiento para el control y vigilancia del origen y uso tanto del autofinanciamiento como de los rendimientos generados por la inversión de los recursos relativos.