SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONAS. LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE AGOSTO DE 1997 NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V, del artículo 73, de este último ordenamiento, el juicio de garantías se promoverá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación del interés jurídico de la quejosa, lo cual no se demuestra con la sola expedición del decreto en el que se publicaron los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y personas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, vigentes a partir del día siguiente, que constituyen la forma en que el Estado establece su política como consumidor, dentro de la relación entre proveedores y consumidores, con el objeto de regular las actividades de las dependencias y entidades mencionadas señalándoles los procedimientos para la contratación de seguros, o previniendo la forma en que deberán efectuarse, es por eso que su sola entrada en vigor no afectan los intereses jurídicos de las compañías aseguradoras a las cuales excluyen, pues éstas sólo ostentan un interés simple y no uno jurídico, susceptible de ser tutelable a través del juicio de amparo; ya que el hecho de que posean autorización para explotar el comercio de seguros, sólo hace surgir en su esfera de derechos, meras pretensiones de que se produzca una situación jurídica concreta que pudiera serles benéfica, pero cuya observancia no puede ser reclamada, por tratarse simplemente de una expectativa, en consecuencia, al no afectar el interés jurídico de las compañías aseguradoras debe sobreseerse en el juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 73 de la citada Ley.