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Modo: Corpus Pro

GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL.

Clave: 619 · Registro digital (IUS): 1011911 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 7a. Época · Instancia: Sala Auxiliar · Fuente: Apéndice de 2011
Localización: [J]; 7a. Época; Sala Aux.; Apéndice 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria; Pág. 1761

La circunstancia, o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en la ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de estar destinado el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación, para percatarse de cómo todos y cada uno de los renglones del Presupuesto de la Nación tiene fines específicos, como lo son, comúnmente, la construcción de obras hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, de puentes, calles, banquetas, pago de sueldos, etc. El "gasto público", doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y es y será siempre "gasto público", que el importe de lo recaudado por la Federación, al través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro criterio, o apartarse, en otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional "gastos públicos de la Federación". El anterior concepto material de gasto público será comprendido en su cabal integridad, si se le aprecia también al través de su concepto formal. La fracción II del artículo 65 de la Constitución General de la República estatuye que el Congreso de la Unión se reunirá el 1o. de septiembre de cada año, para examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo. En concordancia con esta norma constitucional, la fracción VII del artículo 73 de la misma Carta Fundamental de la Nación prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad para imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto; y el texto 126 de la citada Ley Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones constitucionales fijan el concepto de gastos públicos, y conforme a su propio sentido, tiene esta calidad de determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en observancia de lo mandado por las mismas normas constitucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto, está destinado a la construcción, conservación y mejoramiento de caminos vecinales, se le dedica a satisfacer una función pública, por ser una actividad que constituye una atribución del Estado apoyada en un interés colectivo. El concepto material del gasto público estriba en el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, al través de la erogación que realice la Federación directamente o por conducto del organismo descentralizado encargado al respecto. Formalmente, este concepto de gasto público se da, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Nación, está prescrita la partida, cosa que sucede, en la especie, como se comprueba de la consulta, ya que existe el renglón relativo a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, a cuya satisfacción está destinado el impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en los términos prescritos por la fracción VII del artículo 73 de la Carta General de la República.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/1011911-bca47183/gasto-publico-naturaleza-constitucional-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Amparo en revisión 529/62.—Transportes de Carga Modelo, S.A.—28 de marzo de 1969.—Cinco votos.—Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.—Secretario: Delfino Solano Yáñez. Amparo en revisión 5136/58.—Mariano López Vargas.—10 de abril de 1969.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.—Secretario: José Chanes Nieto. Amparo en revisión 325/60.—Autotransportes La Piedad de Cabadas, S.C.L.—10 de abril de 1969.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.—Secretario: Delfino Solano Yáñez. Amparo en revisión 1668/61.—Enrique Contreras Valladares y coags.—10 de abril de 1969.—Cinco votos.—Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.—Secretario: Delfino Solano Yáñez. Amparo en revisión 8720/61.—Ramón Bascos Olivella.—10 de abril de 1969.—Cinco votos.—Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.—Secretario: Delfino Solano Yáñez. Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 272, Sala Auxiliar, tesis 228. Nota: Si bien el artículo 65 de la Carta Magna fue reformado mediante decreto publicado el 6 de diciembre de 1977, tal modificación no afecta la vigencia del criterio contenido en esta tesis, máxime que lo dispuesto anteriormente en ese numeral se trasladó al diverso 74, fracción IV, constitucional, cuyas reformas, incluida la realizada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2008, tampoco afectan el criterio referido en esta tesis.

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