JURISDICCIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 277, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NÚMERO 307 ELECTORAL PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER QUE SE REQUIERA POR ESTRADOS AL PROMOVENTE PARA QUE PRESENTE LAS PRUEBAS QUE HAYA OMITIDO, APERCIBIÉNDOLO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL.

El citado precepto del Código Electoral de la entidad al disponer que se requiera por estrados al promovente para que cumpla con el requisito de presentar las pruebas que haya omitido en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se fije en los estrados dicho requerimiento, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación relativo, no transgrede el principio de certeza en materia electoral. Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, constituye una obligación de la parte que promueve un medio de impugnación probar sus pretensiones, de manera que no resulta contrario a ese principio que se exija al promovente de un recurso anexar a su escrito inicial el caudal probatorio que brinde soporte a su argumentación. En segundo lugar, la circunstancia de que no se ofrezcan pruebas o no se acompañen con el escrito inicial, no genera la obligación de la autoridad de notificar el requerimiento respectivo en forma personal, pues siendo una carga procesal de quien promueve el medio de impugnación acreditar los hechos y las infracciones alegadas, basta con que se le requieran por estrados las pruebas omitidas para que se satisfaga plenamente el principio de certeza en materia electoral, ya que con esta notificación lo único que se trata es de constreñir a quien de por sí sabe que tiene la obligación de justificar sus pretensiones. En tercer lugar, el apercibimiento de desechar el medio de impugnación respectivo, en caso de que se omitan las pruebas, tampoco se estima contrario al referido principio, toda vez que es una exigencia de la materia electoral la celeridad en todos los trámites, y lo que la norma pretende es que la autoridad exclusivamente dé curso legal a las instancias que efectivamente se sustenten en pruebas, a fin de no demorar la declaración definitiva acerca de a quién asiste el derecho. En todo caso, el material probatorio no constituye un requisito esencial del escrito mediante el cual se interpone un medio de impugnación, por lo que no hay necesidad de dar a conocer su omisión al justiciable a través de una notificación personal a fin de que la subsane, ya que la falta de pruebas lo único que indica es que quien promovió la instancia no tiene el propósito de demostrar los hechos que requieren acreditarse y, por lo mismo, que carece de sentido la prosecución del asunto. Además, el artículo 277, fracción II, del Código mencionado exceptúa el caso en que la controversia sea sólo de derecho, pues en este evento, si no hay necesidad de examinar medio alguno de convicción, tampoco habrá exigencia de que se acompañen pruebas a la instancia, ni mucho menos a formular requerimiento alguno.