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Modo: Corpus Pro

DISTRITOS ELECTORALES. LA SUPRESIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 3o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN LA QUE SE ESTABLECÍA LA OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR DE AJUSTARSE A LAS BASES QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PREVÉ EN LA DETERMINACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE AQUÉLLOS, NO VULNERA EL ARTÍCULO 116, FRACCIONES II Y IV, INCISO B), DE ÉSTA (LEGISLACIÓN ORDINARIA VIGENTE HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2008).

Clave: P./J. 75/2011 (9a.) · Registro digital (IUS): 160572 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 10a. Época · Instancia: Pleno · Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; Tomo 1; Pág. 521

De la lectura de la primera parte de la fracción II del artículo 116 de la Ley Fundamental, se advierte que el número de representantes en los Congresos de los Estados debe ser proporcional al número de habitantes en cada uno de ellos, estableciéndose mínimos en el número de diputados que integrarán las Legislaturas, dependiendo de la cantidad de habitantes en cada entidad federativa. Así, en el proceso de distritación electoral estatal debe atenderse a criterios poblacionales, a efecto de determinar, de manera proporcional, el número de diputados que habrán de integrar las Legislaturas, por lo que, como en la demarcación de los distritos electorales en un Estado debe considerarse el número de habitantes presentes en éste, es necesario recurrir a los datos oficiales de los censos poblacionales publicados por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que, por disposición del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, resultan obligatorios para las entidades federativas. De igual forma, en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, reglamentaria del apartado B del artículo 26 constitucional, se prevé que la información de interés nacional, entre la que se encuentra la relacionada con los temas de población y dinámica demográfica, será oficial y de uso obligatorio para los Estados los que, además, deberán colaborar con el Instituto en la elaboración del conjunto de los indicadores clave en la materia. De ahí que no resulta indispensable que en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas se prevea una disposición que obligue al legislador local a que, en la determinación de la extensión de los distritos electorales, se ajuste a las bases que la Constitución Federal establece, en virtud de que ésta, como Norma Suprema, le impone tal deber, por lo que aun cuando en la Constitución Local no se contenga disposición alguna en ese sentido, es evidente que conforme a los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, el Congreso del Estado de esa entidad al legislar sobre la materia, debe atender a los lineamientos generales establecidos en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal. Además, no resulta necesario que en la Constitución del Estado se prevean las formas y mecanismos específicos para determinar la extensión de los distritos electorales, pues ello puede ser objeto de regulación en la legislación secundaria y no en la Constitución Local que, al igual que la Federal, sólo contiene las bases generales que se desarrollarán en las leyes, a efecto de garantizar la plena eficacia del sistema normativo. En consecuencia, la supresión de la porción normativa "conforme a las bases que la Constitución General establece" del artículo 3o., párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, no vulnera el artículo 116, fracciones II y IV, inciso b), de la Constitución Federal.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/160572-d0c88cae/distritos-electorales-la-supresion-de-la-porcion-normativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 10/2009. Partido de la Revolución Democrática. 18 de agosto de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el veintisiete de octubre en curso, aprobó, con el número 75/2011 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de octubre de dos mil once.

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