POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES PARA ELLO SE REQUIERE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y RESOLVER CADA CASO CONCRETO.

La entrada en vigor de la citada legislación no tiene como consecuencia necesaria, inmediata o inminente la baja o cese de los agentes de la Policía Federal Ministerial que incumplan con los nuevos requisitos de permanencia en el cargo. Esto es así, pues del análisis conjunto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no se advierte esa posibilidad. En efecto, el artículo 86 de esta ley prevé que los agentes de la Policía Federal Ministerial podrán ser separados de sus cargos si incumplen con los requisitos de permanencia establecidos por las leyes vigentes, pero esta regla admite discrecionalidad en función del caso concreto, la cual deriva del procedimiento aplicable, contenido en el artículo 47 del mismo ordenamiento, conforme al cual necesariamente deberá instrumentarse dicho proceso para concretar esa forma de terminación extraordinaria del cargo. Dicho procedimiento inicia con la formulación de una queja -fundada y motivada en relación con el caso concreto- por el superior jerárquico ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, en la cual deberá señalarse el requisito de ingreso o permanencia que se considera incumplido, adjuntando los documentos y pruebas pertinentes del caso; dicho Consejo notificará la queja al servidor público, lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá, proporcional y razonablemente, aunado a que durante la tramitación del procedimiento se podrá suspender al servidor público una vez que dicho Consejo resuelva sobre la procedencia del cese o baja solicitados -sólo si fuere necesario para evitar obstáculos y para su mejor resolución-. Además, conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, quienes se encuentren en servicio al momento de entrada en vigor de la indicada ley, tendrán un plazo de 60 días hábiles para: a) manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República y someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas; b) acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil; o c) adherirse a un programa de conclusión definitiva de servicios; lo cual se instrumentará en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la referida ley; siendo hasta después de optar por la permanencia y de no someterse o no acreditar razonablemente las evaluaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, cuando por esa causa dejarán de prestar sus servicios, -lapso dentro del cual los interesados pueden cumplir el nuevo requisito de permanencia sobrevenido que no hubieran cubierto-.