QUEJA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.

De la interpretación armónica de los preceptos que se encuentran en el capítulo denominado "De la ejecución de las sentencias" de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, sin que puedan archivar algún asunto quedando pendiente la ejecución de la sentencia de amparo. Para el logro de tal objetivo, en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se otorga facultad a la autoridad que conoció del juicio, para que dicte u ordene todo lo necesario para allanar los obstáculos que pudieran entorpecer ese cumplimiento, de lo que se deduce que está implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades, o partes en el juicio de garantías, que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo; y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea ésta quien califique en última instancia la conducta de la autoridad. Por tanto, el recurso de queja previsto en la parte final de la fracción VI, del artículo 95, de la Ley de Amparo, en donde se establece que el mismo procede contra las resoluciones "... que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia ...", resulta improcedente contra aquellas resoluciones en las que se requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al ser reparables por el Máximo Tribunal de la nación, quien conoce en última instancia del cumplimiento de las sentencias de amparo.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.