CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A ETAPAS POSTERIORES AL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CON VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Entre los supuestos que actualizan la violación al debido ejercicio de la competencia prevista en el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la resolución de segunda instancia dictada por un tribunal unitario, por la que se revoca la sentencia de primera instancia dictada por un delito del fuero federal y otro del fuero común que tienen conexidad, para ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia a una etapa posterior al auto de cierre de instrucción, a fin de que se subsane la formulación de conclusiones y el dictado de sentencia de primera instancia, teniendo como base que, para el ilícito local, se observen las disposiciones de previsión y sanción establecidas en el código penal estatal respectivo y no de una ley penal de carácter federal. En este supuesto, cuando el órgano de control constitucional conozca del juicio de amparo indirecto promovido en contra de ese fallo, deberá conceder la protección constitucional para el efecto de que: a) la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado; b) en su lugar, dicte otra resolución en la que revoque la sentencia de primera instancia y ordene igualmente la reposición del procedimiento, empero, hasta la diligencia judicial inmediata anterior al auto que declara cerrada la instrucción; esto, con la finalidad de que el juez de primera instancia emita una determinación en la que establezca la adecuada previsión del delito del fuero común materia del proceso penal, en términos de la legislación estatal aplicable y proceda a la notificación de la traslación normativa a las partes, a efecto de que éstas, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en posibilidad de ejercer su derecho de defensa por medio del ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga, en relación con la traslación normativa efectuada. Lo cual permite al procesado tener conocimiento preciso de la previsión normativa del delito del fuero común por el que se le instruye proceso penal. Una vez realizado lo anterior, el juzgador federal deberá continuar con el proceso hasta su conclusión, en el entendido que de dictar nuevamente sentencia condenatoria, específicamente por lo que respecta al delito del fuero común, no deberá imponer penas que superen las determinadas con anterioridad en la sentencia declarada inconstitucional, en estricta observancia al principio de non reformatio in peius. Esta directriz tiene por objeto salvaguardar en el proceso penal todas las diligencias relacionadas con la producción de pruebas en la etapa de instrucción y, además, evitar la dilación del asunto para que una vez que las partes hagan valer sus derechos en lo atinente a la traslación normativa, se declare el cierre de instrucción y una vez que las partes formulen conclusiones, se proceda al dictado de la sentencia teniendo como base las disposiciones legales penales del fuero federal y local que resultan aplicables en atención a la naturaleza de cada uno de los delitos. Respecto al cumplimiento de las directrices establecidas, el juez federal de primera instancia tendrá que procurar concluir el procedimiento de instrucción en un tiempo prudente, mediante la implementación de las medidas que juzgue necesarias, a fin de garantizar la prontitud en la impartición de justicia y, de esta forma, no vulnerar el contenido normativo del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal.