CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU ANEXO 17. AL PERMITIR LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADEN LAS ATRIBUCIONES RESERVADAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2o.-A, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, por contravenir la facultad exclusiva conferida por el Constituyente al Congreso de la Unión en el numeral 73, fracción XXIX, apartado 5o., inciso c), de la Ley Fundamental, para imponer tributos respecto de la gasolina y demás productos derivados del petróleo; empero, dicha declaratoria de inconstitucionalidad no comprendió ni afectó la facultad de comprobación, determinación y cobro del citado impuesto, competencia de los Estados. Es decir, no se estableció que las entidades integrantes del Pacto Federal no pudieran acordar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación, efectuar el cobro del citado impuesto. En ese tenor, se concluye que el Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León y su anexo 17, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009 y 5 de febrero de 2008, respectivamente, no establecen ningún tipo de impuesto sobre las materias reservadas al Congreso de la Unión, sino que, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, se instauran ciertas facultades para que la entidad fiscal ejerza las funciones operativas de administración respecto de los ingresos de la Federación; lo que pone de manifiesto que, a través de ese pacto entre autoridades, a lo único que se faculta a las mismas es propiamente a un acto de fiscalización, el cual se compone de un examen de la actividad que realiza el contribuyente para comprobar si cumple o no con las normas vigentes; de ahí lo constitucional del convenio de mérito.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.