AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. EL HECHO DE QUE SE LES DEJE DE PRESTAR EL SERVICIO MÉDICO COMO CONSECUENCIA DE SU CESE, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN DE SU DERECHO A LA SALUD.

Conforme al artículo décimo segundo del Reglamento Interno del Servicio Médico para los Trabajadores del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, si por cualquier motivo se extingue el vínculo entre el Ayuntamiento y el agente de seguridad pública municipal, se le recogerá la credencial del servicio médico y se le entregará un pase temporal, hasta por 2 meses, válido para él y sus beneficiarios, para el uso, únicamente de los servicios que en dicho numeral se establecen. En ese sentido y en atención al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 2a. CXVII/2017 (10a.), de rubro: "SERVICIOS MÉDICOS. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE PREVÉ EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE ESE DERECHO A LOS TRABAJADORES QUE DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL ESTADO POR UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 3 MESES, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA SALUD.", no es verdad que para garantizar su derecho a la salud deba seguir prestándose el servicio médico a un agente de seguridad pública municipal durante el tiempo en que se resuelve en definitiva la impugnación que formuló en sede contenciosa administrativa contra el cese decretado en su contra, pues no existe precepto constitucional ni legal alguno que así lo establezca; por el contrario, existe disposición expresa de la extinción de la obligación a cargo de la autoridad municipal, dada la extinción de las cotizaciones al servicio de salud. Además, su derecho humano se encuentra garantizado con los servicios públicos de salud que el Estado Mexicano presta a favor de su población en el Sistema Nacional de Salud. De igual forma, no existe ejercicio hermenéutico válido que avale una postura distinta y, en todo caso, ante la eventual declaración de ilegalidad del cese, el ex servidor público tiene expedito su derecho para reclamar la responsabilidad correspondiente de las autoridades municipales y obtener el resarcimiento del servicio no prestado durante el tiempo que duró su impugnación.

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO.