SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRATÁNDOSE DE PARTICULARES CONTRATADOS POR EL ESTADO PARA FINES DISTINTOS A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.

El precepto citado establece la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, a cargo de las siguientes personas físicas y morales privadas que sean contratadas por cualquier ente público para: i) prestar un servicio público; y, ii) un fin distinto a la prestación de un servicio público. Respecto de estas últimas personas, existe un alto grado de certeza en relación con la apariencia de la existencia de un derecho a su favor, en tanto que no existe, en principio, una finalidad constitucionalmente legítima para restringir el derecho a la vida privada a personas que, a pesar de ser contratadas por entidades públicas, no lo son para prestar un servicio público y por tanto procede conceder la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias de la obligación a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, pues con ello no se causaría una afectación relevante a disposiciones de orden público o al interés social. Además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, imponen exclusivamente obligaciones en materia de combate a la corrupción de particulares que desempeñan funciones públicas y prestan servicios públicos, aunado a que si bien la sociedad está interesada en el combate a la corrupción en sí (en todas sus facetas), lo cierto es que la preocupación respecto del combate a la corrupción en la prestación de servicios que no son públicos no tiene una trascendencia que justifique la negativa de la medida cautelar, la cual sí existe tratándose del combate a la corrupción en la prestación de servicios públicos, porque la satisfacción de este tipo de servicios es uno de los pilares esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.