MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).

Contradicción de tesis 422/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 3/2018 en el que se consideró que: i) el artículo 1175 del Código de Comercio impone la obligación de que en el escrito por el que se soliciten providencias precautorias se identifiquen plenamente los bienes materia de la medida, en la lógica de que si la finalidad de la medida consiste en retener los únicos bienes conocidos del deudor, esa medida tiene como presupuesto que esos bienes se identifiquen plenamente por el solicitante, pues de otra forma no podrían considerarse como bienes "conocidos"; y ii) en términos de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la autoridad judicial únicamente puede solicitar información sobre cuentas bancarias mediante una providencia dictada dentro de juicio. De modo que la solicitud de la citada información por autoridad judicial no es procedente cuando se trate de un acto prejudicial como ocurre con una providencia precautoria, en los términos antes definidos por el Código de Comercio, El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 14/2018/3, en el que estimó que de una interpretación del artículo 1175 del Código de Comercio, se obtenía que era necesario que el solicitante de las medidas precisara cuáles eran los bienes que se solicitaba fueran embargados. Al respecto, sostuvo que, con independencia de que las providencias cautelares no vulneraran derechos fundamentales del posible afectado, debía tomarse en cuenta que la necesidad de que se precisaran los bienes a embargarse, no deriva de la seguridad de que el adeudo quede garantizado en su totalidad, sino que de la literalidad de la fracción IV, del artículo 1175 del Código de Comercio, se advertía que cuando se trate de acciones personales, el promovente de la medida, debe manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia, lo que de suyo implicaba que el solicitante debe conocer precisamente cuáles son los bienes con los que cuenta el posible afectado, pues sobre ellos se pretende el embargo; y, El sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2018, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/83 C (10a.), de título y