JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. COMPETENCIA DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera diferente en relación con la designación que el Juez de Distrito debe llevar a cabo respecto del defensor en el amparo indirecto en materia penal, porque para uno se reconoce al defensor público federal, y si la autoridad responsable es local, el servicio debe prestarlo el Instituto de la Defensoría Pública local, en tanto que para el otro, si la detención del quejoso proviene de autoridad local o federal, el Juez Federal puede requerir a cualquiera de las defensorías públicas federal o local la designación de un defensor y/o asesor jurídico.

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que para la designación del defensor del imputado en el procedimiento de amparo indirecto en materia penal, no es opcional para el Juez de Distrito elegir entre la defensoría pública local o federal, debido a que ésta debe fijarse conforme al ámbito competencial de la autoridad responsable, a efecto de garantizar su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.

Justificación: Lo anterior es así, porque cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", resolvió que respecto de la persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, que promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba ese escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación y en caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio –sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera–, pero no estableció una opción para el Juez de Distrito, sino que el servicio se prestará interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General; de ahí que de acuerdo con la competencia especializada, cuando es de jurisdicción local, compete al Instituto de la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y respecto de la federal, conocerá el Instituto Federal de la Defensoría Pública, designando al defensor público federal, dentro del margen de los artículos 1 y 4 de la Ley Federal de la Defensoría Pública Federal y el 30, fracción IV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, este último vigente hasta el 11 de diciembre de 2019, siempre y cuando tenga el carácter de profesional en derecho.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.