INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. NO ES NECESARIA SU APERTURA CUANDO SE ORDENA OFICIOSAMENTE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA GRAFOSCÓPICA Y, POR ENDE, EL OTORGAMIENTO DE LA VISTA A QUE ALUDE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante en torno al trámite derivado del desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica ordenada de oficio por sus respectivas presidencias a efecto de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo; así, para uno basta con la designación de un perito oficial y el desahogo del dictamen que éste emita sin que se tenga que aperturar el incidente de falsedad de firma, mientras que para el otro sí resulta necesario dar apertura al incidente referido; de igual manera llegaron a conclusiones diferentes respecto a la procedencia de la vista a la parte quejosa en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, cuando el sobreseimiento del juicio se sustenta en el resultado de la valoración del dictamen emitido por el perito oficial en el que concluyó la falsedad de la firma que calza el escrito de demanda, pues para un órgano colegiado debe darse la vista a la quejosa, aun cuando ésta conoció el desahogo de la prueba pericial, mientras que para el otro es innecesario dar dicha vista, en tanto que las partes estuvieron en aptitud de alegar y ofrecer pruebas en el incidente de falsedad de firma.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, por medio de su presidencia, ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada, de modo que si se propone sobreseer en el juicio con base en el resultado del dictamen del perito oficial, no es necesario el otorgamiento de la vista previa a que alude el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, si se toma en cuenta que la parte quejosa tuvo conocimiento del desahogo oficioso de la prueba pericial y, por ende, la oportunidad de manifestarse y ofrecer pruebas para demostrar que la firma plasmada en la demanda de amparo proviene de su puño y letra.

Justificación: En atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito oficiosamente ordena, por medio de su presidencia, el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano colegiado se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente. Por tanto, si el sobreseimiento del juicio se determina en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, y el 6o., de la Ley de Amparo, y con base en la conclusión adoptada en el dictamen emitido por el perito oficial, entonces no será necesario el otorgamiento de la vista previa a que alude el párrafo segundo del artículo 64 de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento de ese desahogo y, por ende, la oportunidad de manifestarse y ofrecer pruebas –especialmente la prueba pericial– para demostrar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo. De lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional.