RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CONFORME AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE DESECHA ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al emitir resolución en segunda instancia del juicio de amparo indirecto, determinaron desechar el recurso de revisión interpuesto sin que se actualizara causal de improcedencia alguna no advertida previamente e interpretaron el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, llegando a posiciones contrarias, ya que mientras uno de los órganos colegiados, derivado de una interpretación de dicho precepto, estimó que en cualquier caso de desechamiento procede dar vista al recurrente con motivo de ello; el otro consideró que la vista no procedía, porque no era dable otorgar al recurrente el plazo establecido por la citada norma cuando no se actualiza una causal de improcedencia no observada previamente, por la cual deba darse vista a la parte inconforme.

Criterio jurídico: La obligación de dar vista, prevista en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no es aplicable con motivo del desechamiento del recurso de revisión en amparo indirecto; de ahí que cuando el Pleno de un Tribunal Colegiado de Circuito determine desechar el recurso de revisión no procede, previamente, dar vista al recurrente.

Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado, en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), que de la interpretación del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la vista contenida en ese precepto debe darse única y exclusivamente cuando el órgano de segunda instancia advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia novedosa del juicio de amparo indirecto o directo, ambos en revisión; por lo que aun cuando se haya interpretado por extensión que respecto del amparo directo resulta válido ampliar esa vista, ello se debe a que igualmente se trata de favorecer la situación jurídica del quejoso en relación con la posible causa de improcedencia. Esto es, la obligación de dar vista previa está siempre referida a la improcedencia del juicio, y no así de los recursos previstos en la Ley de Amparo y, precisamente por ello, no es procedente su otorgamiento con la actualización de la improcedencia del recurso de revisión, pues se trata de un supuesto no previsto en dicho ordenamiento legal. Al respecto, como lo sustentó la Segunda Sala del Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 120/2017 (10a.), la finalidad del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo es dar oportunidad al quejoso de formular argumentos relativos a la no actualización de una causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional, dado que una causa de improcedencia implica la extinción de la posibilidad de analizar el acto reclamado. Así, los plazos para la interposición del recurso de revisión y, en general, su trámite, se encuentran claramente regulados en la Ley de Amparo (artículos 81 a 96), por lo que, al ser un recurso asequible, si una de las partes en el juicio promueve un recurso de revisión que resulte improcedente, no es necesario darle vista previa a su desechamiento; sin que ello implique vulnerar el derecho de audiencia o de acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ejercicio de éstos se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera accesible a la persona, de presentar el recurso efectivo.