ACCIONES COLECTIVAS INDIVIDUAL HOMOGÉNEA O EN ESTRICTO SENTIDO. LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE LAS PROMUEVA DEBE PRECISAR EN LA DEMANDA EL NOMBRE DE POR LO MENOS TREINTA INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD ACTORA COMO REQUISITO DE LEGITIMACIÓN PARA SU ADMISIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron asuntos en los que analizaron la necesidad de que en la demanda de una acción colectiva individual homogénea o en estricto sentido, se señalen al menos treinta nombres de los miembros de la colectividad afectada, cuando la acción relativa es promovida por las asociaciones civiles a que se refiere el artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, arribaron a posiciones contradictorias, pues uno de ellos sostuvo que sí es necesario cumplir con este requisito en atención a que es un aspecto que forma parte de la legitimación activa en la causa, mientras que el otro concluyó que ese señalamiento no es necesario, bajo la consideración esencial de que al estar la asociación registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra exenta de tal exigencia.

Criterio jurídico: La asociación civil que promueva una acción colectiva individual homogénea o una en estricto sentido debe precisar en la demanda el nombre de por lo menos treinta integrantes de la colectividad actora porque se trata de un requisito formal de la demanda y de la legitimación activa en la causa, lo cual resulta ajeno a las condiciones para actuar como representante, pues esto último se refiere exclusivamente a la legitimación en el proceso.

Justificación: Del análisis sistemático de los artículos 585 a 588 del Código Federal de Procedimientos Civiles que regulan la sustanciación de las acciones colectivas, se arriba a la conclusión de que son distintas la legitimación en el proceso, la legitimación en la causa y los requisitos formales de una demanda colectiva. La primera corresponde con la facultad de actuar como representante de una colectividad afectada dentro del juicio respectivo. Por su parte, la legitimación en la causa consiste en la titularidad del derecho reclamado, es decir, quienes deben recibir los beneficios de la acción ejercida. Finalmente, los requisitos formales de la demanda en términos del artículo 587 del referido ordenamiento constituyen aquellas exigencias establecidas en la ley que debe cumplir cualquier persona que pretenda ejercer una acción colectiva, los cuales tienen su propia y específica finalidad (el tribunal ante el cual se promueve, el nombre del representante legal, los de los miembros de la colectividad promoventes de la demanda, entre otros). Por lo tanto, aun cuando la demanda sea presentada por una asociación civil, si se trata de una acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, con apoyo en el artículo 588, fracción III, del citado código adjetivo, necesariamente debe contener el nombre de al menos treinta de los integrantes de la colectividad actora para poder ser admitida. Lo anterior es debido a que las exigencias para constituirse como una asociación civil con facultades para promover demandas colectivas pertenecen al ámbito de la legitimación procesal, aspecto que es independiente de los requisitos para configurar la legitimación activa en la causa, así como los elementos formales que debe contener una demanda, los cuales se establecen de manera general, sin atender al tipo de representante que presente la demanda, y sin que se advierta motivo para efectuar alguna diferencia. Además, si bien en nuestro régimen jurídico opera el sistema de suscripción o incorporación voluntaria (opt in) que permite a los afectados adherirse a la acción incluso después de haberse dictado la sentencia, tal circunstancia no deja de ser un aspecto futuro e incierto, de manera que podría darse el escenario de que muchas personas se sumaran a la demanda colectiva, pero también existe la posibilidad de que ninguna lo hiciera, lo que es muy relevante porque de no exigir la identificación de un grupo específico de la colectividad afectada desde el inicio del procedimiento llevaría a tramitar todo un juicio, sin que al final exista una persona que pueda recibir la indemnización obtenida, lo cual implicaría la sustanciación de juicios infructuosos y podría generar una situación que no es aceptable dada la enorme cantidad de recursos que se invierten para solventar la administración de justicia.