COSA JUZGADA EN ASUNTOS QUE IMPACTEN EN EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. PARA QUE SE ACTUALICE DEBE ACREDITARSE QUE SE GARANTIZÓ SU DERECHO DE PARTICIPACIÓN DURANTE EL PROCESO.

Hechos: Un hombre demandó el reconocimiento de paternidad de su hija menor de edad. El Juez familiar declaró procedente la acción y ordenó al Registro Civil que emitiera una nueva acta de nacimiento de la niña, en la que se estableciera, en primer lugar, el apellido del padre.Una vez que se declaró firme la sentencia, ante su falta de impugnación, la madre solicitó al Juez familiar que modificara el orden de los apellidos de su hija a fin de que el suyo apareciera en primer lugar. Sin embargo, el Juez negó esta petición al considerar que existía cosa juzgada al respecto.Inconforme, la progenitora, en representación de su hija, promovió un juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito concedió la protección constitucional al considerar que en el caso no se actualizó la figura de cosa juzgada, porque tal institución es flexible tratándose de decisiones que versen sobre los derechos al nombre y a la identidad de niñas, niños y adolescentes y, además, porque debía permitirse la participación de la menor de edad durante el proceso. En contra de esta determinación, el padre de la niña interpuso un recurso de revisión del que correspondió conocer a esta Primera Sala.

Criterio jurídico: En asuntos donde se analicen cuestiones relacionadas con los derechos al nombre y a la identidad de niñas, niños o adolescentes, las autoridades judiciales deben tomar en consideración que, para que se actualice la figura de cosa juzgada, debe acreditarse que la cuestión planteada ha sido previamente analizada en una sentencia firme, derivada de un juicio en el que se hayan cumplido todas las formalidades esenciales del procedimiento, en particular, que se haya garantizado el derecho de participación de la persona menor de edad involucrada.

Justificación: La cosa juzgada es una institución procesal que se relaciona con los derechos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, pues es el resultado de un juicio en el que se cumplieron todas las formalidades esenciales del procedimiento y que ha concluido en todas sus instancias hasta el punto en el que, lo decidido en él, ya no es susceptible de discutirse.Ahora bien, en asuntos en donde se analicen cuestiones relacionadas con los derechos al nombre y a la identidad de niñas, niños o adolescentes, las autoridades judiciales están obligadas a atender a su interés superior, lo que implica, entre otras cuestiones, analizar sus necesidades físicas, afectivas y educativas, el ámbito de protección requerido en cada caso, así como la opinión que hayan emitido al respecto. Esto es así, porque el derecho al nombre tiene la finalidad de reconocer la identidad de una persona en sus relaciones familiares, sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible frente a los demás. En ese sentido, no es un derecho que surja de lo dispuesto en las legislaciones estatales, sino que es inherente a la persona.Por lo tanto, garantizar el derecho de participación de las personas menores de edad en los asuntos que impacten en el orden de sus apellidos, como parte de su derecho al nombre, resulta fundamental para la tutela de su acceso a la justicia. De ahí que se constituya como una de las formalidades esenciales del procedimiento que debe observarse, siempre que sea lo más acorde a su interés superior. Es decir, únicamente podrá exceptuarse su práctica cuando ponga en riesgo la integridad física o psíquica de la persona menor de edad, cuando sus derechos no formen parte de la litis del asunto o cuando haya manifestado su deseo de no intervenir; excepción que debe estar debidamente fundada y motivada.En consecuencia, cuando el derecho de participación de la persona menor de edad no se haya garantizado injustificadamente en un procedimiento en el que estén inmersos sus derechos al nombre y a la identidad, no podrá tenerse por actualizada la figura de cosa juzgada, pues se estaría frente a un supuesto en el que no se cumplieron todas las formalidades esenciales del procedimiento.