COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA MULTA IMPUESTA POR CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL, FEDERAL O LOCAL.

Hechos: Los Plenos Regionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar a cuál órgano jurisdiccional le corresponde la competencia por razón de materia para conocer de los recursos de queja o de revisión interpuestos contra resoluciones dictadas en amparo indirecto por Juzgados de Distrito de competencia mixta, en los que se reclamó la imposición de multas por Centros de Conciliación Laboral, por incomparecencia a la audiencia de conciliación prejudicial, en términos del artículo 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo.

Al conocer de la contradicción de criterios, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente, por razón de materia, para conocer de los recursos derivados de las resoluciones dictadas en el ámbito de un juicio de amparo promovido contra la multa impuesta ante la incomparecencia a la audiencia de conciliación por un Centro Federal o Local de Conciliación?

Criterio jurídico: Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo conocer de los recursos interpuestos en amparo indirecto, en el que se reclama la multa impuesta por la autoridad conciliadora laboral, por incomparecencia a la audiencia de conciliación prejudicial, prevista en el artículo 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de un acto de naturaleza materialmente laboral derivado de un procedimiento de conciliación prejudicial en materia de trabajo emitido en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Justificación: La multa impuesta ante la incomparecencia a la audiencia de conciliación constituye un acto de naturaleza laboral, en tanto que se encuentra integrado al procedimiento de conciliación prejudicial previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resulta obligatorio para acceder a la jurisdicción laboral y forma parte del sistema de justicia en la materia.

La multa tiene como finalidad procurar la comparecencia de las partes a una etapa esencial para la solución de conflictos obrero-patronales, por lo que incide directamente en el cumplimiento de una carga procesal prevista en la legislación aplicable en materia de trabajo.

Si bien los Centros de Conciliación Laboral son organismos públicos descentralizados, cuando desarrollan funciones conciliatorias actúan con características propias de una autoridad materialmente jurisdiccional, al intervenir de manera imparcial en la solución de conflictos laborales y posibilitar la celebración de convenios con efectos de cosa juzgada entre las partes.

La competencia por materia de los órganos jurisdiccionales se fija a partir de la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable, por lo que al tratarse de un acto de naturaleza eminentemente laboral emitido por una autoridad en ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, el conocimiento de los recursos de queja o de revisión interpuestos en amparo indirecto corresponde a los Tribunales Colegiados especializados en Materia de Trabajo.

Además, no se actualiza un supuesto de carácter administrativo en sentido estricto, ya que la multa no deriva del incumplimiento de obligaciones frente a la autoridad en su función reguladora o de inspección, sino de la inobservancia de un deber procesal dentro de un procedimiento conciliatorio destinado a resolver conflictos laborales, por lo que no se está ante una relación de subordinación administrativa.

PLENO.