COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ARTÍCULO 83, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO O SEMIESPECIALIZADO EN ESA MATERIA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver qué Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad del artículo mencionado.

Mientras que uno determinó que la naturaleza del acto reclamado es administrativa por encontrarse intrínsecamente vinculada con un aspecto relativo a remuneraciones de las personas servidoras públicas de la nación; el otro sostuvo que la génesis del acto es de naturaleza laboral, al incidir en una cuestión relacionada con el régimen de seguridad social en materia de pensiones y jubilaciones del personal de ese ente gubernamental.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Qué Juzgado de Distrito es competente por razón de la materia para conocer de una demanda de amparo indirecto cuyo acto reclamado se constriñe en la inconstitucionalidad del artículo 83, penúltimo párrafo, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, atribuido a la Dirección de Administración y Servicios de dicha dependencia?

Criterio jurídico: La competencia por materia para conocer del amparo indirecto en el que se reclame la inconstitucionalidad del referido artículo corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo o a los semiespecializados en esa materia, según la especialización existente en el Circuito Judicial correspondiente, al tratarse de un acto en materia laboral reclamado a una autoridad de la misma naturaleza.

Justificación: La extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir las tesis jurisprudenciales 2a./J. 24/2009 y 2a./J. 145/2015 (10a.), estableció que para delimitar la competencia por materia, los órganos de amparo deben analizar la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad señalada como responsable.

En ese sentido, cuando en amparo indirecto se reclama la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del mencionado artículo 83 y la persona promovente señala a Petróleos Mexicanos como autoridad responsable, tanto la naturaleza del acto reclamado como la especialización de la autoridad a la que se le atribuye deben calificarse como de índole laboral.

Lo anterior, porque el acto reclamado se relaciona con el régimen jurídico de pensiones del personal incorporado a esa relación de trabajo, como una prestación de carácter extralegal existente entre dicha entidad y su personal, que no deriva de una norma general emitida, en sentido estricto, por los Poderes Legislativo o Ejecutivo.

Además, dicha prestación forma parte del conjunto de derechos en materia de seguridad social contemplados en los artículos 123 constitucional, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, del análisis de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, se advierte que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y cubre con sus recursos las prestaciones de seguridad social previstas para su personal, entre ellas, las reguladas en el referido reglamento.

En esas condiciones, la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad señalada como responsable determina la competencia en materia laboral, sin que la posible incidencia de la prestación en el presupuesto o las finanzas públicas permita, por sí misma, ubicar la controversia en la materia administrativa.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO