COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAME A LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE JALISCO LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA A UNA VÍCTIMA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN O DE UNA CARPETA ADMINISTRATIVA JUDICIAL. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO O SEMIESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver en relación con la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco la omisión de brindar asesoría jurídica a personas que tenían el carácter de víctimas dentro de carpetas de investigación o de carpetas administrativas judiciales vinculadas con procedimientos penales.

Mientras que uno determinó que correspondía conocer del asunto a un Juzgado de Distrito especializado en materia penal, porque la asesoría solicitada tenía por objeto que una persona asesora jurídica interviniera en representación de las víctimas dentro de la investigación o del procedimiento penal y, por ello, el examen del acto reclamado involucraba la aplicación de las disposiciones constitucionales y procesales penales que reconocen ese derecho; el otro consideró competente a un Juzgado de Distrito en materia administrativa, al estimar que el acto se atribuía a un organismo de esa naturaleza, en ejercicio de facultades previstas en la legislación en materia de atención a víctimas.

Al conocer sobre la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Qué Juez de Distrito es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo indirecto en la que se reclame de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, la falta de asesoría jurídica de las víctimas de delito derivada de una carpeta de investigación o de una carpeta administrativa judicial?

Criterio jurídico: Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclame a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco la negativa expresa o la omisión de proporcionar asesoría jurídica o de designar a una persona asesora jurídica para que intervenga en representación de la víctima dentro de una carpeta de investigación o de una carpeta administrativa judicial concreta, vinculada con un procedimiento penal, la competencia por razón de materia corresponde a un Juzgado de Distrito especializado o semiespecializado en Materia Penal.

Justificación: Para determinar la competencia por razón de materia, respecto de asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados por las partes. Cuando la autoridad responsable, pese a su adscripción por especialidad, ejerce atribuciones de diverso contenido material, dicha adscripción no es concluyente por sí sola, por lo que deben examinarse la función concreta de la que deriva el acto reclamado, el objeto de la petición y el ámbito jurídico en el que habrá de producir sus efectos.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco es un organismo de naturaleza administrativa cuyas atribuciones pueden proyectarse materialmente en ámbitos jurídicos distintos. Algunas se desarrollan dentro de procedimientos administrativos, como las relacionadas con medidas de ayuda, asistencia, atención médica o psicológica y acceso a fondos de ayuda o compensación. Otras se vinculan directamente con la investigación o el procedimiento penal, como la prestación de asesoría jurídica y la designación de una persona asesora jurídica para que intervenga en representación de la víctima ante el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales penales.

El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos de la víctima u ofendido dentro del procedimiento penal. Por su parte, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé, entre otros, los derechos de la víctima a recibir asistencia jurídica, a contar gratuitamente con una persona asesora jurídica en cualquier etapa del procedimiento y a intervenir en éste por sí o por conducto de aquélla. A su vez, el artículo 110 del mismo ordenamiento dispone que la intervención de la persona asesora jurídica tiene por objeto orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido.

Por tanto, cuando la petición dirigida a la Comisión tiene como finalidad que se proporcione asesoría jurídica o se designe a una persona asesora jurídica para intervenir en una carpeta de investigación o en una carpeta administrativa judicial concreta, la negativa u omisión reclamada no se agota en el funcionamiento interno de un organismo administrativo, sino que incide directamente en la posición procesal de la víctima y en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento penal le reconoce, entre ellas, aportar datos o medios de prueba, solicitar actos de investigación, intervenir en las actuaciones del procedimiento, impugnar las omisiones o determinaciones del Ministerio Público y formular las pretensiones relacionadas con la reparación del daño.

En consecuencia, la naturaleza administrativa de la Comisión responsable no determina, por sí sola, la competencia. Lo relevante es que la negativa u omisión reclamada, valorada conforme a la función concretamente ejercida, su objeto y sus efectos, se vinculan de manera inmediata con el ejercicio de un derecho procesal penal de la víctima y su examen exige aplicar las normas que regulan su participación en el procedimiento de esa materia. De ahí que corresponda conocer de la demanda a un Juzgado de Distrito especializado o semiespecializado en materia penal.

Este criterio se limita a los casos en los que la asesoría jurídica solicitada tenga por objeto la intervención o representación de la víctima dentro de una carpeta de investigación o de una carpeta administrativa judicial concreta. Por tanto, no comprende las solicitudes de orientación jurídica general ni las controversias relacionadas con el acceso a fondos, apoyos o compensaciones económicas, cuya naturaleza y competencia deben determinarse conforme al procedimiento y a las disposiciones que regulen específicamente esas prestaciones.

No se opone a esta conclusión la jurisprudencia P./J. 1/2021 (10a.), conforme a la cual corresponde a los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la omisión o dilación de resolver una solicitud de apoyo o compensación económica subsidiaria a víctimas del delito. Lo anterior, porque dicho criterio se refiere a un supuesto distinto, en el que la controversia recae sobre un procedimiento administrativo dirigido a determinar el acceso a recursos económicos y que culmina con una resolución de esa naturaleza.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO