DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 169, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Hechos: Una persona fue designada únicamente como comisionada temporal para la entrega-recepción de la Dirección Jurídica de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Durante dicho periodo desplegó, sin tener el nombramiento, funciones de director jurídico.

Con motivo de esa conducta, se le procesó por el delito de ejercicio indebido del servicio público y fue absuelta por el Tribunal de Enjuiciamiento. Los agentes del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, en el cual se revocó la sentencia absolutoria.

La persona sentenciada promovió juicio de amparo directo, en el que combatió la constitucionalidad del artículo referido. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que insistió en la inconstitucionalidad del precepto.

Criterio jurídico: El artículo 169, fracción I, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que prevé el delito de ejercicio indebido del servicio público, no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque su redacción no es ambigua y no admite una aplicación arbitraria.

Justificación: El hecho de que el órgano legislativo local no haya definido las porciones empleo, cargo o comisión, previstas en el artículo 169, fracción I, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, no actualiza el denominado tipo penal en blanco, en virtud de que no remite a ningún otro ordenamiento jurídico para tener como ilícita la conducta.

La circunstancia de que, en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y en las leyes administrativas no se encuentre alguna definición de las nociones de referencia, no hace ambiguo el tipo penal, al tratarse de elementos normativos de valoración cultural que requieren una interpretación ajena al derecho, que se realiza con base en normas sociales o culturales de una comunidad determinada.

Por tanto, el delito en cuestión no propicia la arbitrariedad en la actuación de la autoridad judicial, porque no limita saber cuál es la conducta que se considera ilícita, es decir, que la persona servidora pública ejerza funciones de un empleo, cargo o comisión para el cual no se encuentra facultada, ya sea porque no tiene el nombramiento correspondiente, haya sido cesada del cargo, o bien, aún no haya tomado posesión; lo anterior en resguardo del correcto funcionamiento del servicio público.

PLENO.