AGRARIO. POSEEDOR ILEGITIMO DE UNA PARCELA. CARECE DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR ACTOS DESPOSESORIOS A FAVOR DE SU LEGITIMO POSEEDOR.

Como los artículos 138 y 139 del antiguo Código Agrario señalaban, respectivamente, que los derechos sobre bienes agrarios que adquirieran los núcleos de población serían inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, por lo que no podían enajenarse, cederse, trasmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, siendo inexistentes las operaciones, actos o contratos ejecutados en contravención a tal precepto y que eran también inexistentes los actos de particulares y los de las autoridades municipales, estatales o federales, que tuvieran por consecuencia privar de sus derechos agrarios a los núcleos de población, si no estaban expresamente autorizados por la ley; y como el artículo 158 del propio código señalaba que los derechos del ejidatario sobre la parcela o bienes del ejido al que perteneciera, también eran inembargables e inalienables e inexistentes los actos que se efectuaran en contravención a tal enunciado; y, en fin, como el artículo 75 de la Ley Federal de la Reforma Agraria en vigor, categóricamente expresa que los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotación y bienes del ejido son inembargables e inalienables sin que puedan gravarse por ningún concepto, siendo inexistente los actos que se realicen en contravención a tal precepto, debe convenirse en que los actos posesorios efectuados respecto de bienes ejidales, carecen de trascendencia cuando el titular de la parcela no ha sido privado de sus derechos por resolución presidencial, supuesto que la ley sanciona esos actos con la declaratoria de inexistencia y así, la afectación de la posesión por parte de las responsables, no lesiona los intereses jurídicos del poseedor ilegítimo y opera en consecuencia la causal de improcedencia que señala el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, debiendo sobreseerse el juicio constitucional.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.