IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 24 DE LA LEY DE LA MATERIA, REFORMADO POR DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1955, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 36 Y 55 DE LA MISMA LEY. EN CUANTO REGULAN LA CUANTIA DEL IMPUESTO PROPORCIONAL Y EQUITATIVAMENTE.

Todo impuesto directo tiene la significación de afectar inmediatamente la capacidad contributiva personal o real. Tal es el caso del impuesto sobre la renta a que se contrae el artículo 24, reformado, en estudio, que grava el ingreso producido por el capital, es decir, la capacidad contributiva personal, por actuar el propio impuesto sobre la renta obtenida de los ingresos provenientes del capital y del trabajo o de la combinación de ambos. Los artículos 24, reformado, 36 y 55 de la ley en comento, regulan la cuantía de este impuesto en proporción al ingreso del causante y, en reconocimiento a una real y verdadera justicia impositiva, decretan que dicho impuesto se pagara sobre los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles, después de efectuadas las deducciones autorizadas al respecto y de acuerdo con una cuota fija y una cuota proporcional que aumenta a medida que el ingreso del causante es más elevado. La exposición de motivos de la Ley de Impuesto sobre la Renta del 31 de diciembre de 11953, está tan suficientemente instruida en la doctrina constitucional del tributo, que puede con amplitud considerarse que el impuesto que decreta en cédula I, en cuanto al arrendamiento de inmuebles por comerciantes, es proporcional y equitativo. Así se advierte de la parte de ella que, a la letra, dice: "en efecto, el impuesto sobre la renta, creado por la ley de 18 de marzo de 1925, con el antecedente de la de 21 de febrero de 1924 que estableció impuestos sobre sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de empresas, ha evolucionado hasta convertirse en el renglón mas alto de ingresos del erario público. esto en gran parte ha obedecido al desarrollo económico del país, a los cambios básicos operados en su estructura económica y también a la orientación de los problemas revolucionarios de procurar que el fisco depende más de los impuestos directos que de los indirectos, más de las rentas anteriores que de las que gravitan sobre el comercio internacional, buscando así una progresiva mejor realización de los principios de proporcionalidad y equidad que como normas superiores para las cargas públicas fija la fracción IV del artículo 31 constitucional y, además, una mayor estabilidad en los ingresos y una menor incidencia de los impuestos sobre las clases populares". Es más, la misma exposición de motivos de dicha ley, respetando, en todo, la capacidad contributiva del deudor fiscal, en los términos y con los alcances que tiene en la doctrina del derecho tributario en México, expuesta ya en los considerandos séptimo a décimo de esta ejecutoria, expresa en otra parte de ella, que "es justo que pague más quien más gana, conforme al propósito de democratización de las cargas fiscales. La consulta directa del artículo 55 de la ley de la materia, demuestra que el impuesto en cédula I, que grava los ingresos del comerciante arrendador de inmuebles, es proporcional y equitativo. Bajo cualquier aspecto que se examine la tarifa establecida en el artículo 55 en cuestión, resulta irrefragable que ella es proporcional y equitativa y se ajusta a lo que determina la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, por ser justos sus criterios de progresividad y estar en relación inmediata con la capacidad económica contributiva del obligado a satisfacer el tributo y destinarse a cubrir los gastos públicos de la Federación sin que, por lo demás, dicho impuesto destruya la fuente impositiva de donde proviene, por no sólo dejarla intocada, sino que incluso da oportunidad al acrecentamiento del patrimonio del causante.