IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA MATERIA REFORMADO POR DECRETO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1955, NO ES LEY PRIVATIVA, SINO GENERAL Y EQUITATIVA-[TESIS HISTÓRICA].-

Los principios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son acordes con la constitucionalidad del artículo 24 reformado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por responder esa disposición normativa a las esencias propias de una ley general cuya materia no desaparece después de su aplicación a los casos previstos en ella y comprender a todas las personas físicas o morales que se encuentren o lleguen a encontrarse dentro de la situación jurídica abstracta, impersonal y permanente, prevista en la propia norma legal. Cuando la fracción IV del artículo 31 de la Constitución exige que la ley impositiva sea equitativa, lo que quiere en rigor es que el impuesto sea igual para todos los que se encuentren dentro de la situación jurídica abstracta e impersonal determinada por la ley. Este es el caso del mencionado artículo 24 reformado. La expresión jurídica de esta norma legal es la de ser una disposición general, porque comprende a todos los arrendadores de inmuebles que sean comerciantes y perciban ingresos derivados del arrendamiento en relación con su actividad mercantil. La generalidad de la norma impositiva radica en que se aplica, sin excepción, a todos los comerciantes que sean arrendadores, y esa misma igualdad hace, motiva, justifica, que se ajuste a lo prescrito por la fracción IV del invocado artículo 31 y, al mismo tiempo que no se esté dentro del concepto de ley privativa proscrito por el artículo 13 de la Carta Magna de la Nación. La normatividad de una disposición legal es siempre con relación a la calidad, condición o estatuto de las personas en sí mismas consideradas o con respecto a éstas y a los bienes. Ninguna ley deja de contemplar situaciones jurídicas en torno de las personas, a menos que se niegue que la ley sea una norma de conducta humana, en cuyo caso se habrá negado la materia misma de lo jurídico. Justamente la ley impositiva en estudio regula, en lo concerniente, el estatuto personal de los comerciantes, y en consideración a la actividad mercantil que desarrollan, grava los contratos de arrendamiento en los cuales tienen el carácter de arrendador, por el fin de lucro que obviamente constituye la esencia de esa contratación legal. Gravar, impositivamente, a todos los comerciantes que sean arrendadores de bienes inmuebles, es cumplir con el requisito de equidad o de igualdad exigido por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, sin pretensiones, por supuesto, de que ese impuesto sea universal y se aplique a cualquiera persona, porque, a diferencia de las leyes naturales, las leyes jurídicas no son jamás universales, sino condicionadas y relativas a la situación jurídica establecida y a la necesidad social a satisfacer en vista de un fin directamente justo. La generalidad de la norma contenida en el artículo 24 reformado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en mención, surge de su aplicación a todos los arrendadores que se reputan comerciantes de acuerdo con las leyes aplicables y perciban ingresos por virtud de dicho arrendamiento y a propósito de su actividad mercantil. Esta igualdad, como se ha reconocido en el precedente a jurisprudencia que obra en la página 897 del Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, es manifiesta en cuanto a que "las leyes relativas a cierta clase de personas, como los menores, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, no son disposiciones privativas, porque comprende a todos los individuos que se encuentren o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida". Lógicamente, el artículo 24 reformado, de la ley impositiva en cuestión, es constitucional por equitativo, al comprender a todas las personas físicas o morales que por considerarse comerciantes en los términos de las leyes aplicables, tienen el carácter de arrendadores y perciben ingresos por ese arrendamiento, a propósito de su actividad mercantil. Una norma legal impositiva no deja de ser equitativa como tampoco general, sólo porque no grave, universalmente, lo que se considera una misma fuente de ingreso fiscal, pues la condicionalidad y relatividad propia de las normas legales es para no acoger situaciones jurídicas injustas que, por lo demás, en el caso del artículo 24 reformado, de la susodicha Ley del Impuesto sobre la Renta, no se da, porque no debe desconocerse que con motivo de esa carga hay, objetivamente, dos fuentes de ingresos: los contratos civiles de arrendamiento y los contratos mercantiles de arrendamiento, gravándose, estos últimos, por aquella norma impositiva, en vista del espíritu de lucro que priva en esos contratos mercantiles. Una ley impositiva no pierde su carácter general sólo porque no comprenda, como sucede en el caso del invocado artículo 24 reformado, a todos los contratos de arrendamiento, pues ello sería confundir generalidad con universalidad, y la generalidad de la ley impositiva estriba en que se aplique a todas las personas físicas o morales o unidades económicas que queden comprendidas dentro de la clasificación prevista por ella, y tratándose del mismo artículo 24 reformado, su generalidad es manifiesta al gravar, impositivamente, a todos los comerciantes que sean arrendadores de bienes inmuebles y perciban ingresos por esa actividad mercantil. Es pues, inconcuso, que la norma contenida en el artículo 24 reformado, de la ley impositiva en estudio, satisface el requisito de equidad exigido para las leyes fiscales por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de México.