Artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación

Artículo 19. La aplicación, administración y sistematización del proceso de evaluación del desempeño estarán a cargo de la Escuela Judicial, teniendo a la Plataforma de Evaluación como soporte integral del modelo, la cual tendrá por objeto:

I.        Permitir la aplicación estandarizada de los métodos de evaluación previstos en el presente Acuerdo General, incluyendo cuestionarios y examen de competencias e insumos estadísticos institucionales;

II.       Concentrar, registrar y resguardar la información generada durante el proceso evaluativo, asegurando trazabilidad y verificabilidad;

III.      Incorporar un programa centralizador, encargado de recopilar y sistematizar automáticamente los resultados obtenidos, con el propósito de generar reportes técnicos e informes consolidados;

IV.      Integrar información y bases de datos proporcionadas por las autoridades coadyuvantes;

V.       Facilitar la emisión de los informes institucionales de desempeño correspondientes que serán remitidos a la Comisión para la emisión de la resolución final; y

VI.      Las demás que determinen la Comisión y el Pleno.

La información integrada en la Plataforma de Evaluación a que se refiere la fracción IV de este artículo será entregada por las autoridades coadyuvantes en los formatos, con la periodicidad y con los datos que al efecto se determinen, y deberá acompañarse de los soportes técnicos que acrediten su origen, autenticidad y actualización.

Corresponde exclusivamente a las autoridades coadyuvantes la responsabilidad sobre el contenido, autenticidad, exactitud y actualización de la información que proporcionen; la Escuela Judicial realizará labores de verificación técnica y de consistencia sin sustituir a dichas autoridades ni asumir responsabilidad sobre la veracidad de los datos.

La Plataforma de Evaluación deberá operar bajo criterios de objetividad, seguridad institucional, confidencialidad y eficiencia administrativa, como soporte tecnológico del proceso evaluativo, garantizando el acceso, en su caso, a las personas evaluadas, así como a los evaluadores, en los términos que determine la Comisión.