Artículo 846 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Artículo 846.- En el juicio ordinario a que se refiere el artículo anterior se observarán

las siguientes reglas:

I.- Durante el procedimiento subsistirán las medidas decretadas conforme al artículo

anterior y se podrán modificar por cambio de circunstancias o por la aportación de

nuevos datos que funden su conveniencia.

II.- El presunto incapacitado será oído en juicio, si él lo pidiera, independientemente de

la representación atribuida al tutor interino.

III.- El estado de incapacidad puede probarse por cualquier medio idóneo de convicción;

pero en todo caso se requiere la certificación de tres médicos por lo menos,

preferentemente alienistas del servicio médico legal de instituciones médicas oficiales.

Cada parte puede nombrar un perito médico para que intervenga en la audiencia y rinda

su dictamen. El examen del presunto incapacitado se hará en presencia del juez, con

citación de las partes y del Ministerio Público. El Juez podrá hacer al examinado, a los

médicos, a las partes y a los testigos cuantas preguntas estime convenientes para

calificar el resultado de las pruebas.

IV.- Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a

los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del

incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar

prudentemente, previa autorización judicial.

V.- Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se procederá a nombrar y

discernir el cargo de tutor definitivo que corresponda conforme a la Ley.

VI.- El tutor interino deberá rendir cuentas al tutor definitivo con intervención del

Ministerio Público.

VII.- Las mismas reglas en lo conducente se observarán para el juicio que tenga por

objeto hacer cesar la interdicción.

VIII.- El que dolosamente promueva juicio de incapacidad, será responsable de los

daños y perjuicios que con ello ocasione, independientemente de la responsabilidad

penal que fije la Ley de la materia.